En un nuevo giro en la política madrileña, el Tribunal Supremo ha programado para el 24 de abril la audiencia preliminar relacionada con la demanda que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este caso, que ha captado la atención mediática, se centra en una solicitud de 40.000 euros por parte de González Amador, tal como ha informado El Confidencial y han corroborado fuentes jurídicas a Europa Press.

La demanda de González Amador surge tras un acto de conciliación fallido, llevado a cabo el 2 de octubre, en el que buscaba que la ministra se retractara de ciertos comentarios hechos durante una sesión de control al Gobierno en el Senado el pasado 12 de marzo de 2024. La tensión aumenta conforme se revelan los detalles de las acusaciones que giran en torno a la figura de Ayuso y su entorno.

Las declaraciones polémicas de Montero aluden a la vivienda de la presidenta madrileña, sugiriendo que podría estar relacionada con un posible fraude fiscal. La ministra criticó la forma en que Ayuso reside en un piso pagado, según sus afirmaciones, con dinero proveniente de comisiones vinculadas a la venta de mascarillas durante la crisis sanitaria. Esta acusación ha provocado un aluvión de reacciones y ha llevado a González Amador a presentar esta exigencia económica.

Además, Montero no se limitó a hablar de la vivienda; también cuestionó la coincidencia del vínculo personal de Ayuso con su hermano, sugiriendo que ambos están bajo el escrutinio por posibles implicaciones en actividades fraudulentas, ya sea en relación con mascarillas u otros negocios. "Es llamativo", afirmó Montero, sugiriendo que Ayuso debería dar explicaciones más claras sobre su situación y la de su círculo cercano.

La ministra ha tomado como punto de partida una publicación de elDiario.es, que reveló la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal por encima de los 350.000 euros, un caso que ahora está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Este escándalo podría tener consecuencias significativas no solo para los implicados, sino también para la imagen del gobierno madrileño en su conjunto.