En una reciente evaluación a nivel europeo, la situación del sector de gestión de activos en relación con la sostenibilidad ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha declarado que el grado de cumplimiento en este ámbito es "satisfactorio en general", aunque también ha advertido sobre importantes "vulnerabilidades" y un considerable "potencial de mejora".

Este análisis se inscribe dentro de la 'Common Supervisory Action' (CSA), la cual fue impulsada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) junto a diferentes entidades reguladoras nacionales. El objetivo de esta acción es revisar el cumplimiento con regulaciones clave como el Reglamento de Divulgación (SFDR), el Reglamento de Taxonomía, así como las leyes UCITS y AIFMD.

Entre las áreas problemáticas detectadas, se ha señalado un uso indiscriminado de un lenguaje "vago" o "demasiado general", además de la prevalencia de información incompleta o insuficiente, lo que pone en cuestión la transparencia del sector.

Asimismo, se identificaron fallos en la presentación de indicadores de Principales Incidencias Adversas (PIAs), con la notoria ausencia de ciertos indicadores mandatorios. También se revelaron deficiencias en la documentación sobre metodologías y datos que son fundamentales para medir el alineamiento con las metas establecidas en el Acuerdo de París.

En términos de integración de riesgos, el informe destaca la inexistencia de procedimientos documentados y de mecanismos que permitan abordar incumplimientos de manera efectiva. Esto es crucial para asegurar que las prácticas de gestión de activos respondan a los retos actuales de sostenibilidad.

Además, se hace hincapié en la falta de personal especializado en sostenibilidad en varias gestoras, así como en la escasa definición de criterios que vinculen las políticas retributivas con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). También se señala la carencia de controles que garanticen que las estrategias estén basadas en indicadores verificables.

En lo que respecta a la comunicación sobre productos, la CNMV ha observado que, en ciertos casos, las características sociales y ambientales "no se presentan con la claridad necesaria" en la documentación precontractual, complicando así tanto su evaluación como su eventual cumplimiento. El uso frecuente de un lenguaje "demasiado genérico" también agrava la confusión en este ámbito. Se han observado, además, contradicciones entre la información precontractual, la periódica y el material de marketing disponible.

El informe recalca que la definición de "inversión sostenible" en el artículo 2.17 del reglamento SFDR permite cierto margen de discreción en el establecimiento de criterios, lo que puede llevar a la adopción de estrategias que no son realmente comparables. Según la ESMA, esto podría mitigarse en el futuro con el establecimiento de categorías de productos más específicas.

Como consecuencia de estos hallazgos, el regulador europeo ha lanzado doce recomendaciones. Estas sugerencias están dirigidas tanto a las autoridades nacionales como a las propias gestoras, instando a la implementación de políticas claras para integrar los riesgos de sostenibilidad, asegurar una adecuada formación del personal, afinar la precisión de las métricas ESG y fortalecer la supervisión a fin de combatir el "greenwashing".

Asimismo, se subraya la importancia de que la información divulgada sea "accesible, clara y no engañosa", y se enfatiza la necesidad de evaluar la pertinencia de los nombres de los fondos en relación con sus políticas de inversión. Se hace un llamado a evitar referencias "demasiado generales" a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, la CNMV ha reafirmado su compromiso de continuar supervisando el área de sostenibilidad, en una colaboración activa con la ESMA y demás autoridades nacionales, tomando en cuenta las recomendaciones ofrecidas en el informe para mejorar la transparencia y responsabilidad del sector.