El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una propuesta controvertida a nueve universidades, que les ofrece "beneficios federales" a cambio de adoptar ciertas "prioridades" del Ejecutivo, entre ellas la protección de las ideas conservadoras y la restricción de protestas. Sin embargo, la fecha límite para que estas instituciones respondieran ha expirado este lunes sin recibir respuestas positivas.

Hasta siete de las universidades abordadas han manifestado públicamente su rechazo al llamado Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior durante las últimas dos semanas. Las dos restantes no han dado señales de respuesta a la Administración de Donald Trump, lo que genera incertidumbre en torno a su postura.

Entre las instituciones que se han opuesto al programa se encuentran destacadas universidades como la de Pensilvania, la de California del Sur y el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Estos centros han argumentado que las condiciones establecidas en el documento de la secretaria de Educación, Linda McMahon, atentan contra sus valores fundamentales y la libertad académica. Otras universidades, como Brown, Virginia, Dartmouth y Arizona, también han hecho hincapié en su compromiso con la libertad de expresión dentro de sus recintos.

Particularmente, la Universidad de Brown ha declarado que su relación con el Gobierno federal "niega explícitamente la autoridad del gobierno para dictar nuestro currículo o el contenido del discurso académico", un principio que, según ellos, no se encuentra reflejado en el Convenio propuesto. Esto sigue un acuerdo previo con la Administración de Trump, en el que Brown aceptaba destinar 50 millones de dólares a organizaciones locales de desarrollo laboral para recuperar una subvención federal de más de 500 millones que había sido suspendida en abril por supuestas violaciones de leyes antidiscriminatorias.

Por el contrario, las universidades de Texas en Austin y Vanderbilt no han emitido una posición clara al respecto. No obstante, el rector de Vanderbilt, Daniel Diermeier, ha afirmado en un comunicado que ha compartido comentarios con el Gobierno, mientras que la oficina de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) en ese campus ya había calificado el Convenio de "amenaza" a principios de mes, apoyando la resistencia generalizada a esta propuesta a nivel nacional.

La Casa Blanca, al ofrecer esta propuesta a las nueve instituciones, esperaba encontrar una mayor disposición de su parte que la observada en otros centros universitarios. Sin embargo, Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, señaló en un comunicado que la Administración ha subestimado la resistencia a sus iniciativas y la unidad de las instituciones en defensa de sus principios fundamentales.

El Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior, según ha sido analizado, incluía directrices para las universidades que aceptaran, como la protección de las ideas conservadoras, la eliminación de la discriminación positiva en becas y admisiones, además de una restricción del discurso político y social por parte del personal académico.

La reforma universitaria se ha convertido en una de las principales metas de Trump para su segundo mandato, quien ha intentado introducir cambios en la educación superior mediante incentivos económicos y posibles sanciones. En los últimos meses, los tribunales han ordenado que se restablezca la financiación federal a universidades como Harvard y UCLA, subrayando la creciente tensión entre el Gobierno y las instituciones educativas.