La jueza de la Dana solicita información sobre la comunicación de Emergencias a los pueblos con Plan de Riesgos.
VALÈNCIA, 7 de mayo. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha lanzado una iniciativa judicial hacia la transparencia, following la solicitud de Fetap-CGT, estableciendo la necesidad de esclarecer ciertas acciones relacionadas con la gestión de emergencias durante la reciente declaración de preemergencia del 28 de octubre. Esta medida busca determinar si la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante Emergencias notificó a los municipios que cuentan con un Plan Municipal de Riesgo sobre los protocolos de control de cauces y otras acciones pertinentes.
El auto de la magistrada incluye un requerimiento al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) para que compile información clave con urgencia. Esto incluye detalles sobre los municipios que formaron parte del Cecopal, así como los datos de seguimiento que estos aportaron al Centro de Coordinación, lo que podría esclarecer la eficacia de la respuesta ante la emergencia.
Además, en un auto adicional, la magistrada ha dado a conocer la decisión de desvincular el caso relacionado con la denuncia contra el presidente de Aemet, trasladándolo a una pieza separada, donde se han acumulado pliegos de personas que no son directamente afectadas ni forman parte del proceso acusatorio, pero que hacen eco de preocupaciones en torno a la gestión de emergencias.
Dentro de las resoluciones del juzgado, también se solicita un informe al CCE respecto a la implementación del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. La jueza requiere información sobre si se enviaron las notificaciones pertinentes a las localidades que necesitan tomar medidas preventivas en el contexto de la preemergencia del 28 de octubre, así como los detalles sobre las interacciones y reportes regulares entre organismos y servicios el 29 de octubre, cuando la situación climatológica se volvía crítica.
En este contexto, es esencial conocer si se comunicó correctamente con los municipios afectados y los entes operativos del Plan Especial durante la emergencia del 29 de octubre, asegurando así que la información seguía un flujo claro y efectivo para el manejo de la situación.
La magistrada también demanda esclarecimientos sobre la forma en que se comunicaron las necesidades de los ciudadanos y los Ayuntamientos, resaltando la importancia de que el sistema de emergencias esté completamente preparado para enfrentarse a situaciones críticas como la ocurrida, que pueden poner en riesgo a la población.
Particularmente, la jueza busca saber si la Agencia Estatal de Meteorología fue contactada para ajustar su pronóstico con fines de respuesta, y si se han registrado adecuadamente las instancias de constitución de los distintos grupos que forman parte del Cecopi, incluyendo el Comité Asesor y los grupos encargados de seguimiento y de gestión de recursos, en concordancia con lo especificado en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones.
Finalmente, otro requerimiento ha sido enviado al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la AVSRE, instando a que se informe a la brevedad sobre las operaciones de rescate realizadas por los Bomberos Forestales de la Generalitat el 29 de octubre, lo que pone de manifiesto la urgencia de obtener respuestas claras y precisas en un periodo crítico de gestión de emergencias.
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