La jueza pide desclasificar documentos del CNI sobre la crisis de Ceuta: qué se sabe

La jueza que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio quiere que el Gobierno abra los cajones del CNI. Y lo quiere ya, con carácter urgente.

María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha pedido al Consejo de Ministros que desclasifique notas e informes de los servicios de inteligencia que circularon a partir del 30 de julio. Les da 15 días para entregarlos. Según el auto recogido por Europa Press, quiere saber qué se sabía antes, qué se avisó y a quién.

¿Por qué importa esto a alguien que no vive en Ceuta? Porque cuando un servicio de inteligencia tiene avisos y no actúa, o actúa tarde, las consecuencias se reparten entre todos: presupuesto público, seguridad de las fronteras y, en última instancia, la confianza en quienes deben prevenir estas crisis.

La jueza sostiene que la clasificación no es un muro infranqueable. Dice que la información es relevante para averiguar quién atentó contra la seguridad del Estado y que no hay otras fuentes para conseguir las mismas pruebas. Además, pide que se desclasifiquen los datos necesarios para que varios agentes del CNI puedan declarar como testigos, y el texto de una nota enviada a los servicios de inteligencia marroquíes.

Lo que ya se conoce es revelador. El propio CNI, en un informe enviado a la jueza, atribuye el desbordamiento a la "pasividad" de Marruecos y sostiene que las autoridades de ese país eran conscientes de lo que se avecinaba días antes. Según ese informe, Rabat priorizó la seguridad del rey en la Fiesta del Trono, cerca de la frontera, en lugar de una reacción proactiva.

El Gobierno ya desclasificó en septiembre 40 documentos y dice que no tiene "nada que esconder". Pero la jueza quiere más, y la pregunta es si esos papeles llegarán en plazo y completos.

¿Qué puede pasar ahora? Si el Consejo de Ministros accede, veremos declarar a agentes del CNI y podrían aparecer responsabilidades. Si se niega o retrasa, la instrucción puede alargarse y el caso quedar en un limbo. Como ciudadano, lo práctico es seguir la noticia en fuentes oficiales y contrastar lo que se publique, sobre todo cuando las versiones de Gobierno, servicios de inteligencia y tribunales no coincidan.