En una iniciativa significativa que promete cambiar el panorama de protección infantil en España, el Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado un ambicioso proyecto para garantizar que los menores que han sufrido violencia sexual en instituciones, ya sean públicas como colegios o privadas como organizaciones religiosas, obtengan la consideración formal de víctimas. Esta medida, que busca en última instancia reconocer el profundo daño infligido, también aspira a facilitar la asistencia necesaria de manera individual y colectiva.

La propuesta forma parte de una reforma mayor a la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), actualmente en discusión dentro del gobierno y que fue expuesta recientemente en detalle por la ministra Sira Rego. Este esfuerzo legislativo no solo responde a una necesidad urgente sino que se alinea con las demandas de diversas organizaciones de víctimas y recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Una de las piezas centrales de esta reforma es la creación de una Comisión de Reconocimiento de las víctimas de violencia sexual, que se encargará de investigar y recopilar información sobre los afectados que han sufrido abuso en diferentes contextos, tanto educativos como en otras instituciones sociales. Según se ha indicado, esta comisión operará bajo un enfoque integral, buscando proponer medidas de reparación y garantizar que no se repitan estos actos dolorosos en el futuro.

El trabajo previo de un grupo de expertas en diversas disciplinas, incluidas la psicología, la sociología y el derecho, ha sido fundamental para dar forma a esta propuesta, que destaca la importancia del reconocimiento de las experiencias de los menores que han padecido violencia sistémica. Esto es esencial para restaurar su dignidad y asegurar que se les brinde los recursos necesarios para sanar.

La reforma también enfatiza el derecho inalienable de los menores a obtener reparaciones y garantías de que no volverán a ser víctimas de abusos. Se presta especial atención a los casos en que estas violencias ocurrieron de manera generalizada en el interior de instituciones, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente.

A través de esta reforma, el Gobierno no solo busca validar la experiencia de estas víctimas, sino también construir una memoria colectiva que contemple sus voces, asegurando así que los principios de verdad, justicia y no repetición sean una realidad en el futuro inmediato. El compromiso por parte del legislador se traduce en un paso decisivo hacia la protección de los derechos de la infancia en España y en un llamado a la sociedad para que apoye a las víctimas en su proceso de sanación y reivindicación.