En un desarrollo que resuena con las preocupaciones por los derechos de los consumidores, la Dirección General de Consumo, parte fundamental del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha decidido tomar medidas contra una reconocida promotora de festivales de música. Esta acción responde a posibles infracciones de carácter abusivo, tales como la prohibición de ingresar alimentos y bebidas al evento.

Este lunes, el departamento liderado por Pablo Bustinduy comunicó que la promotora en cuestión organiza festivales en varias comunidades autónomas, lo que otorga a Consumo la autoridad para intervenir y proteger a los asistentes. Las denuncias sugieren que se están llevando a cabo prácticas que no solo son preocupantes, sino que podrían estar restringiendo los derechos básicos de los consumidores.

Entre las irregularidades que se están investigando, se destaca la prohibición "expresa y generalizada" de que los asistentes lleven consigo comida y bebida que no provenga del evento, todo ello mientras se registra a los participantes y se niega el acceso de manera "potencialmente arbitraria". Estas acciones ponen en tela de juicio la equidad del trato recibido por quienes acuden a estos festivales.

Además, se ha señalado que los organizadores estarían impidiendo que los asistentes salgan y entran al recinto de manera libre, obligándolos a pagar una tarifa adicional para poder reingresar, lo que limita aún más la libertad de los consumidores en un espacio que debería ser de disfrute y esparcimiento.

Parte de la investigación también se centra en la implementación de un sistema de pago a través de pulseras electrónicas, que no solo obliga a los asistentes a utilizar este método, sino que además no permite la devolución del saldo restante si no se alcanza una cantidad mínima. Esta práctica, junto a la imposición de cargos por la gestión de reembolsos y la estipulación de un tiempo limitado para utilizarlos, plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética empresarial de la promotora.

Según la normativa vigente, si se comprueban estas conductas, se estarían cometiendo infracciones que contravienen el artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo cual podría acarrear multas que oscilan entre los 100,001 y 1 millón de euros si son clasificadas como infracciones muy graves.

Con la apertura de este expediente, se inicia ahora un plazo de hasta 9 meses para completar la instrucción y llegar a una resolución. Es importante señalar que la apertura del expediente no implica una decisión predefinida sobre el resultado de las indagaciones que se están llevando a cabo.