En un giro de acontecimientos que ha conmocionado a Corea del Sur, la Fiscalía ha decidido prohibir al exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, la salida del país tras su reciente dimisión, en un contexto marcado por una crisis política severa. Este suceso sigue a la drástica declaración de ley marcial hecha por el presidente Yoon Suk Yeol, que desató un gran despliegue militar en la capital, Seúl, pero que fue revocada poco después por el Parlamento.

La investigación ahora en curso contra el presidente Yoon surge tras dos solicitudes formales y ha sido encomendada a un equipo especializado en asuntos de seguridad dentro de la Oficina Nacional de Investigación, que opera bajo la órbita de la Policía Nacional surcoreana. Esto ha despertado una gran atención mediática y ha intensificado los debates sobre la estabilidad y la gobernabilidad en el país.

Una de las solicitudes de investigación fue presentada por el opositor Partido Reconstruyendo Corea, mientras que la otra proviene de un grupo de aproximadamente cincuenta activistas que exigen la dimisión del presidente Yoon, a quien acusan de haber encendido una crisis interna significativa. Las acusaciones de traición no solo recaen sobre Yoon, sino también sobre Kim Yong Hyun, Park An Su, jefe del Ejército, y Lee Sang Min, ministro del Interior, quienes son señalados como cómplices en esta situación crítica.

El contexto político en el que se desarrolla esta crisis es el resultado de la declaración de la ley marcial, la primera desde hace más de cuatro décadas en Corea del Sur. El presidente Yoon, en un discurso sorpresivo, justificó esta medida al acusar a la oposición de tener vínculos con Corea del Norte, en un momento en que el parlamento estaba considerando importantes medidas presupuestarias y presentando mociones de destitución contra altos funcionarios.

Mientras tanto, la oficina de la Fiscalía y la de Investigación de Anticorrupción están ante la posibilidad de abrir sus propios procedimientos legales contra Yoon, quien se enfrenta a acusaciones serias de traición a la patria. Por su parte, la Fiscalía ha intervenido directamente contra Kim Yong Hyun, cuya dimisión y asunción de responsabilidad han llevado a que se le impida salir del país temporalmente.

Las repercusiones de toda esta situación han movilizado a numerosos grupos de activistas y sindicatos en Seúl, quienes se han manifestado enérgicamente exigiendo la dimisión de Yoon. Con una popularidad ya debilitada, el clima de descontento ciudadano ha crecido, dejando claro que muchos surcoreanos exigen un liderazgo que pueda restaurar la estabilidad en el país.

Este mismo día, el Parlamento surcoreano tomó la decisión histórica de destituir al jefe de la Junta de Auditoría e Inspección, Choe Jae Hae, junto a tres fiscales, Lee Chang Soo, Cho Sang Won y Choi Jae Hun. La medida, impulsada por la oposición, se debe a su actuación en relación con una serie de escándalos que involucran a Yoon y su esposa, Kim Keon Hee, lo que ha complicado gravemente la situación política actual.

La destitución de Choe marca un hito, siendo la primera vez que un jefe de esta institución es removido por el Parlamento, un hecho que refleja la creciente presión sobre el gobierno y la necesidad de rendición de cuentas. Se le acusa de no haber investigado adecuadamente las irregularidades en el traslado de la oficina presidencial en 2022, mientras que los fiscales han sido criticados por su inacción en el caso que involucra a la primera dama.

Este escándalo ha dominado el debate político surcoreano durante el último año y ha influido significativamente en la reciente derrota del gobernante Partido del Poder Popular en las elecciones del pasado abril. Las medidas de destitución, originalmente programadas para ser votadas el miércoles, fueron pospuestas a raíz de la declaración de ley marcial, que según la Constitución, solo puede ser impuesta por el presidente en situaciones de "necesidad militar" o para "mantener la seguridad y el orden público", siempre que notifique y reciba la aprobación del Parlamento.