La tensión entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el Partido Popular (PP) se ha intensificado tras la falta de información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sobre el uso del Fondo Social Europeo para el Clima. Este fondo, que representa alrededor de 6.800 millones de euros para España, es crucial para la ejecución de proyectos de adaptación ambiental necesarios en distintas regiones del país.

Las CCAA han expresado su descontento, especialmente tras los comentarios de la ministra Sara Aagesen, quien se refirió al Fondo como “menor”, algo que los gobiernos autonómicos consideran un menosprecio a su importancia. “Si el Gobierno no presenta propuestas sólidas a la Comisión Europea, corremos el riesgo de perder recursos significativos”, advirtieron los representantes autonómicos en un acto reciente.

El Fondo Social para el Clima, creado por la Unión Europea (UE), cuenta con un presupuesto que alcanzará los 65.000 millones de euros entre 2026 y 2032. Este año, el Ministerio comenzó a trabajar en el Plan Social para el Clima, documento que detalla las estrategias e inversiones que el Gobierno tiene en mente para implementar estas ayudas. Sin embargo, esta gestión ha sido criticada por la falta de concreción y oportunidad en su comunicación.

Las críticas se intensificaron después de una reunión del Consejo Nacional para el Clima, donde los representantes del PP denunciaron que se celebró sin la documentación necesaria, lo que dificultó una discusión informada. Señalaron que los cambios en el orden del día oscurecieron el propósito de la reunión, lo cual es visto como un obstáculo para avanzar en asuntos climáticos urgentes.

A principios de este mes, las CCAA habían rechazado participar en la convención “Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática” por la falta de respuestas del Ministerio a sus propuestas. Ahora, han reiterado la necesidad de un diálogo efectivo y estructurado, exigiendo la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con suficiente antelación, incluyendo la entrega de documentación para garantizar un debate fructífero.

Las CCAA enfatizan que si bien España no puede cambiar por sí sola el rumbo del clima a nivel global, es fundamental que se implementen políticas de adaptación que realmente protejan a la ciudadanía. Han instado al Gobierno a priorizar inversiones medibles y la coordinación en la lucha contra la crisis climática, complementando sus declaraciones con un conjunto de medidas concretas y un enfoque serio en la metodología de trabajo.