En un nuevo giro en el histórico juicio por corrupción de la trama Gürtel, 20 de los 25 acusados han decidido llegar a un acuerdo con la Fiscalía, buscando una reducción de sus condenas en el marco de este intenso caso que ha sacudido a la política española. Esta decisión se tomó durante la apertura del juicio, que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

El tribunal ha escuchado cómo Francisco Correa, el líder de la red y su socio más cercano, Pablo Crespo, junto con otros acusados, han reconocido los delitos que les imputan. La Fiscalía ha revelado que, de los 25 involucrados, la mayoría ha optado por admitir los hechos a cambio de penas menos severas.

Este juicio se centra en la pieza más relevante del caso, que investiga los delitos contra el fisco que pudo haber cometido Correa y Crespo, particularmente en relación con la presunta ocultación de patrimonio relacionado con actividades ilegales. Se trata de un entramado sofisticado destinado al blanqueo de ingresos obtenidos de manera ilícita.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la actividad delictiva se remonta a finales de la década de 1990 y se prolongó hasta 2009. Durante este periodo, Correa encabezó un entramado empresarial que se beneficiaba del estado a través de contratos públicos, obtenidos a cambio de comisiones ilegales y manteniendo en la oscuridad las ganancias obtenidas.

El informe detalla que su empresa, especializada en la organización de eventos, utilizaba prácticas de soborno para conseguir contratos, al mismo tiempo que escondía sus ingresos de las autoridades fiscales mediante la emisión de facturas falsas. En este esquema, los acusados crearon estructuras financieras estratégicas para ocultar la procedencia y el destino de los fondos.

Esta compleja red permitió a Correa y Crespo no solo eludir responsabilidades fiscales, sino también obtener beneficios de adjudicaciones irregulares. La Fiscalía anticipa que se enjuiciará a otros colaboradores de los cabecillas, incluidos asesores fiscales y empresarios que facilitaron sus maniobras evasivas.

El juez que lleva el caso, José de la Mata, ya ha señalado que las penas solicitadas para Correa y Crespo ascienden a 77 años de prisión, aunque ambos ya han sido beneficiados con el tercer grado tras cumplir parte de su condena en otros procesos relacionados con este caso emblemático.

A la lista de acusados se han sumado también asesores fiscales, quienes, según el magistrado, desempeñaron un papel crucial en la planificación estratégica de la defraudación, con un conocimiento claro de las intenciones ilícitas de los cabecillas. Tanto Luis de Miguel como Ramón Blanco contribuyeron, según el juez, a crear las vías de opacidad fiscal necesarias para llevar a cabo este fraude masivo.

Por otro lado, el fraude fiscal que se investiga alcanza cifras alarmantes, situándose en torno a los 24,8 millones de euros, derivadas de ingresos no declarados desde 1999. Se estima que esta cantidad corresponde a impuestos sobre la renta y patrimoniales no satisfechos por Correa y sus cómplices.

El desarrollo de este caso no solo pone de manifiesto la corrupción estructural en ciertas esferas, sino que también plantea importantes interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. A medida que avanza el juicio, la sociedad sigue atenta a los resultados y a las posibles repercusiones sobre el sistema político español.