En un momento de intensa agitación social, Argentina se prepara para un paro nacional que tendrá lugar este jueves, generando una paralización en el transporte, los servicios y la actividad pública. La convocatoria cuenta con el respaldo abrumador de los sindicatos más relevantes del país, quienes han expresado su descontento ante una serie de decisiones gubernamentales que consideran perjudiciales para los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que organizó la protesta, también comenzó la movilización con una jornada de manifestaciones frente al Congreso centradas en los derechos de los jubilados. Esta llamada a la movilización se originó a finales de marzo, y responde a las presiones socioeconómicas que han calado hondo en la población argentina.

Este paro representa el tercer desafío significativo que enfrenta el presidente Javier Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023, evidenciando un clima de descontento creciente en los primeros meses de su administración. Con apenas un año en el cargo, ya se ha visto obligado a lidiar con dos paros nacionales en lo que va de 2024.

El gobierno, a través de su portavoz Manuel Adorni, ha minimizado la magnitud de la huelga, señalando que “nadie quiere” esta situación y acusando a los sindicatos de actuar en interés propio sin justificar adecuadamente la necesidad de la huelga. Sin embargo, estas declaraciones no han calado en los sindicatos, que han tomado la medida como una respuesta necesaria a la política de austeridad implementada por Milei.

La política económica del gobierno, que ha sido calificada de severa y ausente de sensibilidad, ha precipitado un recorte de personal en la Administración Pública. Además, la CGT ha alzado la voz contra la gestión de pensiones, la falta de libertad para negociar salarios, la carencia de un plan para el sector industrial y la urgencia de reactivar las obras públicas.

La huelga, que se extenderá por un total de 36 horas, comenzará con una concentración en defensa de las pensiones, y alcanzará su punto álgido el jueves, paralizando formalmente el país desde la medianoche. A pesar de la magnitud del paro, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha decidido no sumarse a esta medida, alegando que están en un proceso de negociación salarial activa.

Octavio Arguello, cosecretario general de la CGT, subrayó la urgencia de la situación en una reciente entrevista, afirmando que “si la gente no llega a fin de mes, tendrá que detenerse”. Los sindicatos del transporte han expresado su compromiso total con esta huelga, incluyendo a los conductores de trenes y otros sectores relevantes.

El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, ha declarado que su participación es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores, mientras que los sindicatos aéreos se frenan en sus operaciones, limitándose a los servicios mínimos obligatorios, lo que podría llevar a la cancelación de cientos de vuelos.

Aerolíneas Argentinas ya anticipa una cancelación masiva de vuelos y se ha visto obligada a reprogramar rutas, reflejando el impacto económico que la huelga generará en su operación, con un costo estimado de 3 millones de dólares.

El paro también motivará el cierre de comercios y entidades bancarias, ya que sindicatos como la Asociación Bancaria se han alineado con la medida, solicitando una respuesta firme ante las políticas de ajuste. Según su declaración, se considera crítico establecer límites en relación con las decisiones del gobierno que afectan a la población trabajadora.