El 19 de septiembre en Córdoba, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se contuvo al criticar la reacción del Partido Popular respecto a los recientes problemas relacionados con las pulseras para el control de maltratadores, tras un cambio en la empresa encargada de dicho servicio.

Montero subrayó lo “incongruente” que resulta escuchar al PP quejarse, siendo este un partido que históricamente se opone a las legislaciones que benefician a las mujeres. Su interpela mostró una clara convicción de que el ala derecha ha carecido de interés en promover los derechos de las mujeres.

Durante una conferencia de prensa en Córdoba, donde inspeccionó una planta de asfalto para la mejora de la A-4, la ministra resaltó que las críticas del PP son un ejemplo de “hipocresía” y una forma de “exagerar problemas técnicos” que, en su opinión, no tienen justificación.

Montero defendió que la ministra de Igualdad había aclarado adecuadamente la situación y recordó que la problemática de las pulseras, relacionada con un cambio de proveedor, data de enero de 2024. Se refirió a este incidente como un “error técnico” ocasionado por un retraso en la transferencia de datos entre las dos compañías involucradas.

La vicepresidenta apuntó que estos inconvenientes son relativamente comunes durante transiciones de proveedores y enfatizó la importancia de no depender tecnológicamente de una sola empresa, ya que eso podría perjudicar a los ciudadanos. Aseguró que el problema ya ha sido subsanado y que el sistema ahora opera de manera efectiva.

Además, explicó que la situación planteada por las pulseras fue abordada gracias a un informe y enfatizó que el Ministerio de Igualdad ya había rectificado los fallos iniciales.

En su análisis sobre la postura del Partido Popular, Montero destacó que este partido ha votado sistemáticamente en contra de iniciativas orientadas a combatir la violencia de género, lo que contribuye a perpetuar la desigualdad en el país. Añadió que el PP también compromete los derechos de las mujeres al aliarse con la ultraderecha, proponiendo medidas como la reducción de puntos de atención a mujeres y el recorte de subvenciones a organizaciones que apoyan a víctimas de maltrato.