El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido llevar su conflicto legal ante el Tribunal Supremo, pidiendo que se mantenga su fianza. Alberto González Amador, en un argüido alegato, solicita que se desestime el recurso de apelación interpuesto por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

González Amador argumenta que no merece la exención legal que se aplica a ciertas figuras públicas, enfatizando que no es el Estado, sino más bien un individuo enjuiciado. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se opone firmemente a la propuesta de García Ortiz de que se le exima de la obligación de fianza por considerar la aplicación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y sus Instituciones.

El empresario sostiene que la exención no se aplica a su caso en particular porque no se considera un ente del Estado, ni una entidad pública, sino un acusado en términos individuales. Aprovecha para subrayar que la Fiscalía General del Estado no tiene la facultad de incurrir en delitos, aduciendo que carece de personalidad jurídica propia y autogestión financiera.

En su defensa, González Amador también declara que no está persiguiendo responsabilidad civil del Estado, convencido de que la ciudadanía no debería cargar con las consecuencias de las acciones del fiscal general, García Ortiz, quien desde su perspectiva, ha manejado la situación de forma irresponsable.

González Amador reitera su demanda de una compensación económica de 300.000 euros por los supuestos daños y perjuicios que ha sufrido, señalando que las repercusiones de la conducta delictiva del fiscal no se limitan a una fecha determinada. Según su visión, dichos efectos han continuado hasta la fecha, afectando a su vida personal y profesional debido a su relación con una figura política opuesta.

El empresario detalla que el escándalo ha influido en su capacidad profesional, provocando la pérdida de contratos y obstáculos en la generación de nuevos negocios, reforzando su percepción de que esta situación está minando su reputación y oportunidades laborales.

El contexto judicial de este caso es complejo, con García Ortiz programado para ser juzgado el próximo noviembre por la presunta revelación de secretos, lo que podría acarrear penas severas, incluyendo prisión y descalificación de su cargo. Este juicio resuena no solo en las esferas judiciales, sino también en el clima político y social del país, dado el alto perfil del caso.

Inicialmente, se estableció una fianza de 150.000 euros, que García Ortiz pudo cubrir con sus propios bienes. Sin embargo, posteriormente, el juez instructor revisó esa cantidad y la redujo a 75.000 euros, reconociendo que la doctrina constitucional prohíbe que se considere anticipadamente la multa potencial que podría resultar de la condena.