En un panorama fiscal en constante evolución, España se prepara para implementar varias medidas significativas a partir de 2026 que marcarán un cambio en la forma en que se manejan las finanzas en el país. Entre estas iniciativas se encuentra la obligación de las entidades financieras de reportar mensualmente a la Agencia Tributaria la facturación acumulada a través de Bizum por parte de empresarios y profesionales, así como la reciente reestructuración de la fiscalidad del diésel y los estímulos para fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Con respecto a la nueva normativa de reporte fiscal, es importante destacar que las entidades financieras solo estarán obligadas a informar sobre las transacciones realizadas por empresarios y profesionales que operan en España. De este modo, los pagos realizados entre particulares no estarán sujetos a esta regulación, asegurando que el enfoque se mantenga en el ámbito empresarial.

Las entidades bancarias deberán enviar información acumulativa a la Agencia Tributaria cada mes, facilitando un seguimiento más eficiente de la actividad económica, pero se evitará la remisión de datos transacción por transacción, simplificando así el proceso.

Por otro lado, España se enfrenta al reto de implementar una subida fiscal al diésel, la cual es un componente clave en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a desbloquear los fondos europeos 'Next Generation EU'. La Comisión Europea ha concedido un plazo adicional de seis meses para que España logre cumplir con esta medida, que debe ser ratificada antes de finales de enero.

En el contexto de la transición hacia prácticas más sostenibles, el Ministerio de Hacienda ha decidido extender las facilidades fiscales dirigidas a aquellos que realicen mejoras en eficiencia energética o adquieran vehículos eléctricos hasta finales de 2026. Las reformas destinadas a rehabilitar viviendas y edificios para minimizar el consumo energético podrán beneficiarse de deducciones fiscales de hasta un 60%.

Para estimular la transición a la movilidad eléctrica, se prorrogan deducciones de hasta el 15% para la compra de vehículos eléctricos, incluidas las opciones "enchufables" y de pila de combustible. Estas medidas también se extienden a la instalación de puntos de recarga, promoviendo una infraestructura más completa para el uso de vehículos eléctricos.

Las inversiones en vehículos eléctricos y en nuevos puntos de recarga también disfrutarán de una continuidad en la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades en 2026, incluyendo vehículos de pila de combustible, híbridos, eléctricos de batería y las infraestructuras necesarias para su recarga. Asimismo, se ampliarán las ventajas fiscales para instalaciones de autoconsumo energético provenientes de fuentes renovables.

En materia de digitalización y modernización de procesos empresariales, el sistema de facturación verificable, conocido como 'Verifactu', que debería haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2026, ahora contará con un año adicional para su implementación. De este modo, se exigirá a las empresas con ingresos anuales inferiores a seis millones de euros comenzar a adaptarse a este sistema a partir del 1 de enero de 2027.

También se contempla que los beneficiarios de prestaciones por desempleo no estén obligados a presentar la declaración del IRPF. Esta medida, ya anunciada en marzo, se formaliza con el objetivo de simplificar las obligaciones tributarias de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Para los afectados por los incendios forestales del año pasado y los desastres naturales, se han aprobado exenciones fiscales, además de prórrogas en las ayudas económicas que se dirigen a la reconstrucción de las comunidades impactadas. Estas medidas están diseñadas para aliviar la carga financiera de quienes han enfrentado circunstancias extraordinarias, extendiéndose también a profesionales y empresas afectadas, incluyendo a aquellas entidades que operan sin personalidad jurídica.