En Madrid, el 19 de octubre, la formación política Podemos está preparando una moción que será presentada en el Pleno del Congreso destinada a instar al Gobierno a implementar una reforma legal. El objetivo es que todos los empleados públicos de diversas administraciones que hayan estado en contratos temporales más allá de lo permitido, o que hayan sufrido abusos en su temporalidad, sean considerados funcionarios fijos.

Esta propuesta surge en respuesta a una interpelación urgente dirigida por Podemos al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante la última sesión plenaria. En este contexto, la diputada Noemí Santana dejó claro que su partido no apoyará la Ley de Función Pública en curso, a menos que se garantice la estabilidad laboral para los interinos.

No obstante, la respuesta del ministro no fue favorable. López argumentó que otorgar fijeza a estos trabajadores violaría los principios de mérito y capacidad que la Constitución española establece para el acceso a la función pública.

Ante esta negativa, Podemos tiene la firme intención de renovar su demanda en la Cámara Baja, señalando que se estima que más de 900.000 empleados públicos en el país están en situación de irregularidad, ya sea por exceder el tiempo legal de contratación o por haber sido sujetos a nombramientos injustificados de manera reiterada.

Adicionalmente, el partido liderado por Irene Montero ha destacado que el Abogado General de la Unión Europea ha dictaminado que es necesario indemnizar a estos trabajadores debido a las situaciones de abuso que han experimentado. Esta indemnización, según indican, no solo debería ser equivalente al despido objetivo, sino también al despido improcedente, para cumplir su propósito adecuadamente.

Con todo ello, Podemos defiende la necesidad de consolidar a estos trabajadores en posiciones fijas y exigirá que se lleve a cabo una votación en el hemiciclo, donde se espera que todos los grupos políticos se posicionen al respecto.