Expertos del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, han expresado la necesidad de establecer un Pacto de Estado que reconozca el poder del sistema tributario como herramienta vital para combatir la pobreza en España.

En un reciente informe, Gestha señala que aproximadamente un 30,5% de los ciudadanos que perciben salarios, pensiones o ayudas por desempleo ganan menos de 12.000 euros al año, lo que se traduce en cerca de 9,1 millones de personas que viven bajo el umbral del mileurismo.

Particularmente vulnerables son los desempleados, de los cuales un alarmante 93,9%, es decir, 827.984 individuos, recibe prestaciones o subsidios que no alcanzan los 12.000 euros anuales. Esta situación es también crítica para 53.506 desempleados que, en el último año, se convirtieron en pensionistas, un 54,8% de este grupo.

El análisis de Gestha revela que entre quienes han estado empleados, hay 1,2 millones que experimentaron desempleo en el último año y también cobran menos de 12.000 euros, representando un 39,7% de este sector. Asimismo, entre los pensionistas, un 36,9% (3,2 millones de personas) se encuentran en la misma situación económica precaria, al igual que 3,8 millones de trabajadores, lo que equivale a un 22,7% de la población activa.

Además, el informe incluye a 12.805 asalariados que, tras haber estado desempleados, lograron acceder a una pensión, lo que representa un 16,4% de este grupo. También se destacan 54.350 trabajadores que, de igual manera, se convirtieron en pensionistas después de haber sido desempleados, constituyendo un 7,8% de este colectivo.

Desde un enfoque regional, Andalucía lidera la lista con 2,1 millones de personas que viven en condiciones económicas adversas, seguida de Cataluña con 1,4 millones, y tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad Valenciana, cada una con 1,1 millones de individuos en similar situación. Juntas, estas regiones aglutinan el 62,3% de la población con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales.

En términos de proporción, Gestha destaca que Extremadura se lleva la delantera, con un 40,8% de sus habitantes percibiendo bajos ingresos, seguida de Andalucía con un 38,5%. Otras áreas con porcentajes preocupantes incluyen Ceuta y Melilla (35,8%) y varias comunidades como Canarias, Región de Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja, donde entre un 30% y un 33% de la población enfrenta esta realidad.

Con este panorama, Gestha se une a la creciente demanda de un Pacto de Estado contra la Pobreza, instando a las administraciones públicas a colaborar eficazmente para aumentar los salarios mínimos, fomentar la inclusión laboral y mejorar las pensiones. Todo ello, a través de una reevaluación y una redistribución efectiva de los recursos del gasto social y el sistema tributario.