En un acto que marca un hito en la política peruana, el partido Perú Libre ha dado un paso decisivo al presentar ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca la expropiación y nacionalización de Telefónica del Perú. Esta filial de la empresa española, vendida recientemente al grupo argentino Integra Tec por aproximadamente 900.000 euros, ahora sería objeto de atención estatal bajo la premisa de interés público y necesidad nacional.

Dicha propuesta ha sido impulsada por los congresistas Guillermo Bermejo y Bernardo Quito, y cuenta con el respaldo no solo de sus compañeros en Perú Libre, sino también de varios legisladores de la bancada 'Juntos por el Perú', sumando un total de doce firmantes que apoyan esta iniciativa.

El proyecto subraya la urgencia de restablecer el control estatal sobre las telecomunicaciones en el país, enfatizando la protección de los intereses del Estado y la seguridad de los usuarios que dependen de los servicios de telecomunicaciones. Tal como se estipula en el documento, se busca garantizar la conectividad en todo el Perú, así como salvaguardar los fondos de pensiones y proteger el capital de los proveedores.

La legislación propone la expropiación de todos los activos y operaciones de Telefónica del Perú, incluyendo las filiales surgidas durante la pandemia, como PangeaCo y Telefónica Cloud Tech, lo que podría redefinir el panorama de las telecomunicaciones en el país.

La venta de Telefónica del Perú se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la matriz española para reducir su presencia en América Latina, un esfuerzo que ya ha llevado a la empresa a cerrar operaciones en otros países como Argentina y Colombia. Desde la firma de esta transacción, Telefónica ha indicado que la responsabilidad regulatory ahora recae en el nuevo propietario.

En el marco de esta legislación, se establece que el Gobierno deberá cubrir un "justiprecio" basado en la última valoración de venta del 99,3% de las acciones de la empresa. Sin embargo, se descontarán las deudas y sanciones que Telefónica del Perú posea con el Estado, lo que añade otra dimensión a la propuesta legal.

El proyecto también contempla la creación de una nueva empresa estatal, Telecomunicaciones del Perú (Telperú), que estaría bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta iniciativa pretende gestionar las operaciones de la exfiliada hasta que se tome una decisión definitiva sobre su administración, ya sea nacionalización, concesión o privatización bajo nuevas condiciones.

En el argumento del proyecto, se plantea que Telefónica ha estado llevando a cabo un desmantelamiento intencionado de su filial, trasladando activos estratégicos a nuevas entidades formadas a partir de 2020, como parte de un esfuerzo por maximizar sus beneficios a expensas de la estabilidad de Telefónica del Perú.

Desde 2019, Telefónica ha estado redefiniendo su modelo de negocios en América Latina, y la situación en Perú no es ajena a esta estrategia más amplia. La transferencia de tecnología vital, como el equipamiento de fibra óptica, a otras empresas del grupo ha sido criticada, considerándose un movimiento que termina debilitando la capacidad operativa de su filial peruana.

Por último, cabe recordar que en el momento de su venta, Telefónica del Perú contaba con aproximadamente 13 millones de clientes y enfrentaba innumerables desafíos administrativos y financieros. La reciente transacción tuvo un impacto de gran escala en el informe financiero del grupo, lo que resalta las complejidades de la operación.

En la actualidad, el proyecto de ley se encuentra en fase de revisión en comisiones, y el futuro del mismo dependerá del debate y las decisiones que se tomen en el Pleno del Congreso, en un contexto donde la gestión de las telecomunicaciones puede convertirse en un tema candente para el próximo ciclo legislativo.