En un clima de creciente tensión política en Turquía, aproximadamente 343 individuos fueron arrestados durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el pasado viernes, especialmente en la noche. Estas protestas, que estallaron en diversas ciudades, clamaban por la renuncia del presidente Recep Tayyip Erdogan, al mismo tiempo que denunciaban la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, un adversario destacado del actual régimen, quien enfrenta cargos de corrupción y supuesta complicidad con el terrorismo.

El Ministro del Interior, Alí Yerlikaya, reportó este preocupante número de detenciones a través de su cuenta en la red social X, enfatizando que las mayores concentraciones de arrestos se produjeron en Estambul, Ankara y Esmirna. En estas últimas dos localidades, se ha impuesto una prohibición de reunión, marcando un intento por parte del gobierno de controlar el descontento popular.

Yerlikaya no dudó en advertir que las autoridades no permitirán que se altere la calma social y acusó abiertamente a quienes buscan provocar desorden. “No toleraremos a aquellos que amenazan la paz y la seguridad de la nación”, subrayó el funcionario, alineando esta postura con las medidas aplicadas contra lo que él define como “terror callejero”.

El mismo día de las protestas, el presidente Erdogan descalificó a los manifestantes, tildando sus acciones como un acto de “terror urbano” y acusando al principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Imamoglu, de utilizar la situación para desestabilizar al país. Erdogan reafirmó su compromiso de no ceder ante el vandalismo, manteniendo una postura firme frente a lo que considera desafíos a su administración.

Las acusaciones contra Imamoglu incluyen la creación de una supuesta red criminal destinada a manipular licitaciones, un cargo que el alcalde ha rechazado rotundamente, aduciendo que su carga pública no le permite involucrarse en actividades ilícitas y defendiéndose como víctima de un ataque judicial motivado por su éxito político en la alcaldía, tal como reporta el diario Hurriyet.

Imamoglu se presentará nuevamente ante el tribunal de Estambul para responder a los siete cargos que enfrenta, que incluyen acusaciones de corrupción y vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), declarado como grupo terrorista por Turquía. La presión sobre el alcalde se intensificó aún más cuando la Universidad de Estambul, donde estudió, revocó su diploma citando supuestas infracciones en las normativas de educación superior, un golpe significativo para su futuro político, ya que todos los aspirantes a cargos deben poseer un título universitario según la ley.

El ministro Yerlikaya también informó que se están investigando 326 cuentas en redes sociales bajo la sospecha de incitar actos delictivos, evidenciando una intensificación en la vigilancia estatal sobre la disidencia y las expresiones públicas. Las autoridades de Ankara, considerando el contexto de las recientes protestas, han impuesto una prohibición de reuniones en la capital y alrededores por cinco días, adoptando esta medida “en interés de la protección pública” tras las demostraciones que exigían la liberación de Imamoglu, quien se ha convertido en un símbolo de la oposición en Turquía.