El debate sobre la vivienda en España sigue generando tensiones entre los socios de gobierno, como ha quedado claro en las recientes declaraciones de Sumar, que critica abiertamente al PSOE por su enfoque en esta cuestión. El partido minoritario ha reafirmado su postura de no conceder exenciones fiscales a propietarios que bajen sus rentas, en contraste con las propuestas presentadas por los socialistas.

En un nuevo capítulo de estas discrepancias, Sumar ha exigido la tramitación urgente de una ley que limite los alquileres de temporada, señalando la inacción del PSOE en este ámbito. Esta situación no es nueva, ya que anteriormente ambos partidos habían chocado en torno a la Ley del Suelo, que finalmente fue retirada por falta de consenso.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado una serie de iniciativas legislativas que incluyen el aumento del IVA al 21% y una mayor imposición sobre las viviendas vacías, aspectos que han encontrado el apoyo de Sumar. Este último partido argumenta que muchas de estas propuestas fueron planteadas el año pasado pero no fueron tomadas en cuenta por el PSOE.

A pesar de esto, la controversia persiste, especialmente en relación con la exención del IRPF para caseros que reduzcan los alquileres. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dejado claro que Sumar está en total desacuerdo con esta medida, lo que refleja una creciente distancia entre ambos partidos.

Sumar ha tomado la delantera esta semana al lograr el apoyo del PP para avanzar en la limitación del alquiler vacacional, críticas que han llegado hacia los socialistas por su desacuerdo en cerrar el plazo de enmiendas de un texto que ha estado en marcha durante seis meses.

Díaz ha instado a los socialistas a acelerar el proceso legislativo, enfatizando la necesidad de una pronta aprobación para abordar de manera efectiva la cuestión de los alquileres. Asimismo, Alberto Ibáñez, portavoz de vivienda de Sumar, ha llamado a la ministra a mostrar un alineamiento más claro con las propuestas progresistas, sugiriendo la necesidad de aumentar los impuestos a las sociedades de inversión inmobiliaria.

Criticando la iniciativa del PSOE, Ibáñez ha afirmado que esta postura beneficia a los propietarios a expensas de los inquilinos, sugiriendo que en lugar de ofrecer convenios fiscales, se deberían incrementar los impuestos a aquellos que practican alquileres desmesurados.

Desde Sumar, existe una clara demanda por una gestión más robusta y decidida en la regulación del mercado de alquileres, argumentando que esto es fundamental para establecer bases progresistas en política habitacional en el país.

En este sentido, han presentado una serie de sugerencias que el PSOE aún no ha considerado, tales como la prohibición de compras especulativas de vivienda y la implementación de contratos de alquiler indefinidos, así como medidas contra el flipping inmobiliario.

Fuentes cercanas al grupo parlamentario de Sumar han compartido que la propuesta del PSOE, aunque tiene aspectos positivos, también presenta deficiencias que requieren atención. Estas fuentes revelaron tener en mente varias enmiendas para fortalecer la normativa vigente.

Además, enfatizan que este nuevo marco legislativo podría ser una oportunidad valiosa para forjar un consenso sólido entre todas las fuerzas políticas en torno a temas de vivienda, dado que otros aliados han presentado iniciativas complementarias para abordar la crisis habitacional en el país.

Por último, Antonio Maíllo, coordinador de IU, ha señalado que la vivienda será una prioridad para su partido este año, instando a que las medidas necesarias se implementen en 2025, ya que cualquier retraso podría hacer que los ciudadanos no perciban sus beneficios antes de finalizar la legislatura.