En el centro de una creciente controversia, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha promulgado un conjunto de reformas este lunes que intensifican las políticas de control sobre aquellos considerados agentes extranjeros. Esta serie de medidas establece nuevas delimitaciones en torno a lo que significa ser clasificado bajo esta categoría, al tiempo que impone severas restricciones y castigos para quienes incumplan las normas.

La legislación recién firmada introduce sanciones que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas que superan los 5.300 euros para individuos acusados de instigar la imposición de sanciones contra Rusia "por motivos egoístas". Igualmente, otorgará hasta siete años de cárcel a quienes desacrediten a las fuerzas armadas o participen en actividades promovidas por organizaciones internacionales no alineadas con Rusia.

Además, como informa la agencia TASS, el marco legal amplía el catálogo de delitos que pueden ser juzgados en rebeldía, elevando de manera significativa el número de infracciones que son susceptibles a juicio incluso si el acusado se encuentra fuera de Rusia. Anteriormente, este enfoque se limitaba a crímenes graves, pero ahora incluye una variedad de ofensas que abarcan desde la destrucción de sitios de enterramiento hasta la difusión de información considerada falsa.

Las consecuencias para los ciudadanos rusos etiquetados como agentes extranjeros son drásticas; estos no podrán ejercer labores en el ámbito educativo o informativo, tampoco en el sector público y enfrentan restricciones severas en cuanto a la obtención de financiación municipal. Adicionalmente, las organizaciones sin fines de lucro que sean clasificadas bajo esta etiqueta también se verán excluidas del registro oficial de entidades sociales.

Con estas reformas, Putin no solo ha incrementado el control sobre los disidentes, sino que también ha ampliado los criterios que definen a un agente extranjero. Ahora, se considerará que aquellos que colaboren con decisiones de grupos internacionales no afines a Rusia, que puedan comprometer la seguridad del país, son sujetos a este estigma. Asimismo, se incluye a quienes recopilen información sobre las actividades militares rusas.