La Guardia Civil ha llevado a cabo un exhaustivo registro en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en València, un proceso que se ha extendido durante más de nueve horas y que se centró en la búsqueda de documentos relacionados con contratos de obra pública.

Según fuentes jurídicas que han sido citadas por Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) culminó su intervención pasadas las 16:30, después de haber comenzado a primera hora de la mañana bajo la dirección del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Ábalos es objeto de una investigación por presuntas irregularidades en el cobro de comisiones, tanto en efectivo como en especie, durante la gestión de recursos sanitarios y de obras públicas en el contexto de la crisis pandémica.

Los agentes llegaron al domicilio del actual diputado del Grupo Mixto para recoger documentación que pudiera esclarecer los contratos en cuestión. Durante este operativo, también confiscaron su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos para su análisis posterior.

Este operativo se enmarca dentro de diligencias secretas vinculadas a una parte específica de la investigación, que también ha implicado registros en varias empresas bajo la misma orden judicial, según han indicado las fuentes consultadas.

Un informe elaborado por la UCO en marzo revelaba que Ábalos posee una vivienda en València adquirida en 1987, la cual sería completamente suya tras la disolución de la sociedad conyugal con su exesposa. Además, se descubrió que Ábalos tenía lazos con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), entidad que fue disuelta en 2023, pero que sigue siendo objeto de interés para los investigadores por sus conexiones con el exministro a lo largo de los años.

El informe también señala que una de las exmujeres de Ábalos fue parte del patronato de Fiadelso y que en 2003, junto con otras personas, compró un local en València que se convirtió en la sede de esta fundación, que tenía una hipoteca de 135.000 euros y en la que Ábalos poseía un tercio del inmueble.

Las órdenes de registro emitidas por el magistrado Puente se fundamentan en documentación aportada por Víctor de Aldama, el presunto intermediario de la trama, quien presentó un listado de contratos que se habrían preadjudicado a diversas constructoras.

Dichos documentos, que forman parte de las inversiones del Ministerio de Transportes en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, especialmente en el ámbito de la Dirección General de Carreteras, incluyen 75 páginas donde se destacan proyectos de menor envergadura, tales como el acondicionamiento de tramos de carreteras y la construcción de variantes.

El registro de este inmueble se produce siete meses después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir una causa contra Ábalos tras la remisión de un pedido del juez que investiga el conocido 'caso Koldo', en referencia a su exasesor, Koldo García.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo un registro en la vivienda del exministro, quien ya ha comparecido en un par de ocasiones ante el magistrado para rechazar las acusaciones sobre el cobro de comisiones. Durante el proceso, Ábalos ha solicitado que la UCO sea excluida de la investigación, argumentando que los agentes han realizado "filtraciones" sobre su vida personal que denotaban un trasfondo de rencor, petición que ha sido desestimada tanto por el instructor como por la Sala de Apelación.

El exministro sostiene que su situación se asemeja a una investigación prospectiva injusta, aunque la Sala de Apelación del Supremo ha respaldado la causa que dirige el magistrado Puente, continuando así con el proceso de investigación.