El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha presentado una propuesta ambiciosa que busca destinar el 2% del PIB a políticas de vivienda en la próxima década.

En una iniciativa que será discutida esta semana en el Congreso, Sumar abogará por incorporar al parque público las viviendas que están en riesgo de desahucio y evaluará la posibilidad de expropiar aquellas propiedades vacías que pertenezcan a bancos y fondos de inversión.

Estas dos medidas clave forman parte de un plan más amplio que Sumar someterá este martes a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde se argumentará que la crisis de la vivienda es uno de los desafíos sociales más graves del presente, exacerbado por la escasez de viviendas asequibles y la inadecuada relación entre salarios y precios en el sector inmobiliario.

La coalición destaca que la situación se agrava con la concentración de propiedades en manos de grandes fondos de inversión y la escasa proporción de viviendas destinadas al alquiler social en España. Actualmente, solo hay alrededor de 320,000 viviendas públicas, cuando la cifra ideal debería estar cerca de 1.8 millones para alinearse con el promedio europeo.

Conscientes de esta realidad, Sumar ha elaborado un conjunto de propuestas para expandir la oferta de vivienda pública. Ellos sugieren que el Gobierno se comprometa a alcanzar un 10% de vivienda social y asequible para 2027, y un 20% para 2035. Además, proponen que se destine al menos el 2% del PIB a políticas de vivienda hasta 2035, con la intención de cuadruplicar el actual porcentaje.

Asimismo, Sumar plantea un plan para “erradicar los desahucios”, que incluiría la integración de viviendas en riesgo al parque público de alquiler, garantizando que los arrendamientos no superen el 30% de los ingresos familiares, así como ofrecer rentas mínimas o moratorias para quienes estén en situaciones vulnerables y puedan justificar su situación.

Con este propósito, el grupo solicita al Gobierno que se destinen los recursos necesarios mediante la creación de un presupuesto específico, que podría gestionarse a través de la empresa estatal de vivienda. También sugieren la necesidad de un proyecto de ley que asegure la función social de la propiedad, sobre todo en lo que respecta a terrenos urbanos y áreas residenciales.

Otra de las recomendaciones incluye establecer un programa que permita la adquisición de viviendas privadas a través del derecho de tanteo y retracto, facilitando así la integración de más propiedades al parque público y acelerando la consecución de los objetivos planteados.

Además, Sumar propone que se intensifique la construcción de 150,000 viviendas públicas anuales mediante empresas municipales y autonómicas de vivienda, argumentando que es crucial que la transferencia de activos del Sareb a SEPES se lleve a cabo con celeridad.

Finalmente, Sumar hace un llamado a garantizar que la gestión de los inmuebles del parque público esté en manos de las administraciones públicas, asegurando que su uso primario sea como viviendas, y no como generadoras de beneficios económicos.