"Sumar propone modificar la Ley de Vivienda para vetar la compra de inmuebles por parte de empresas y fondos buitres en España."
En un giro significativo en la política de vivienda en España, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda por Sumar en el Congreso, ha revelado su intención de presentar una propuesta de ley este miércoles que busca reformar la actual Ley de Vivienda. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental prohibir la adquisición de viviendas por parte de empresas, fundaciones y grandes inversores, conocidos como "fondos buitre".
Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Parlamento, el diputado de Compromís destacó la urgencia de esta propuesta como una medida para "desmercantilizar" la vivienda. Ibáñez subrayó que desde 2008, estas entidades han adquirido cerca de la mitad de las viviendas en España, lo que ha contribuido a un aumento insostenible en los precios. Añadió que a partir de la octava vivienda, estos actores deben pagar menos impuestos que un ciudadano promedio que busca un hogar.
El portavoz también se mostró esperanzado respecto a que su propuesta pueda ser considerada por el Congreso, asegurando que está diseñada con un fuerte fundamento constitucional y que se alinea con los derechos europeos. Ha calificado la medida como "conservadora" y espera contar con un amplio apoyo parlamentario para que avance en su tramitación.
A pesar de su deseo de abordar cuántas propiedades debería poseer un individuo, Ibáñez reconoció la falta de consenso en el Parlamento sobre este tema. Sin embargo, observó una convergencia inusual, que va desde la extrema derecha hasta la izquierda, en torno a la necesidad de frenar la especulación desenfrenada que perpetran las empresas y los fondos de inversión en el sector de la vivienda.
El diputado se mostró optimista al considerar que otros partidos, como el PNV y Junts, podrían respaldar la eliminación de la influencia de los fondos buitre en el mercado inmobiliario. Además, hizo un llamado a la acción, señalando que estos fondos han comenzado a abandonar las regiones donde se han implementado límites a los alquileres, lo que agrava la situación de acceso a la vivienda en otros territorios donde continúan elevando los precios.
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