En las negociaciones del nuevo convenio colectivo de Telefónica, la posibilidad de implementar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como plan de salidas comienza a tomar fuerza. Aunque todavía no se ha definido nada concretamente, la compañía y los sindicatos tuvieron un primer acercamiento el pasado jueves, y el próximo lunes se brindará más información a los representantes laborales sobre el plan de bajas que se está preparando.

Este encuentro inicial fue principalmente para establecer el reconocimiento de las partes que negociarán el nuevo convenio colectivo, ya que el actual es una prórroga del anterior y vence el 31 de diciembre. Sin embargo, las fuentes sindicales confirman que la compañía ha reconocido oficialmente que habrá un plan de salidas en Telefónica.

El próximo lunes, a las 16:30 horas, la empresa proporcionará a los sindicatos más detalles sobre las "necesidades de la empresa" en términos de ajuste de personal. Hasta el momento, la compañía no ha informado a los representantes de los empleados sobre el número de trabajadores afectados por el plan de salidas, aunque fuentes del mercado estiman que podrían ser alrededor de 5.000 empleados.

En este sentido, la posibilidad más probable en este momento es que las salidas se realicen a través de un ERE, en lugar de un plan de salidas incentivadas (PSI) como se hizo en 2021. Los sindicatos consideran que, en principio, el formato del ERE sería más beneficioso para los trabajadores, pero aún no han recibido una confirmación por parte de la empresa.

Otra implicación importante de la forma en que se implemente el plan de salidas tiene que ver con el proceso de negociación. Mientras que el PSI puede debatirse en paralelo a las conversaciones para el nuevo convenio colectivo, el ERE tendría un proceso de negociación distinto. Los sindicatos han dejado en claro que su principal objetivo es lograr un convenio colectivo sólido.

En un comunicado, UGT insiste en la importancia de definir un marco laboral para el período 2024-2026, especialmente debido a la creciente incertidumbre generada por una regulación ineficaz y dañina, la competencia en el mercado español y la entrada de nuevos actores en el accionariado de Telefónica.

La empresa ha reconocido ante los sindicatos que hay un exceso de puestos de trabajo y que necesita ajustar la plantilla a las necesidades reales. Entre las negociaciones actuales se encuentra el cierre de 108 centros de "baja ocupación" en toda España, lo que implicaría la reubicación de 266 empleados.

También se está discutiendo la reorganización del servicio de atención al cliente de Telefónica y la posibilidad de que los empleados del departamento de B2C pasen al departamento de B2B, encargado de atender a las pymes.

Según fuentes del mercado, la operadora provisionará más de 1.000 millones de euros para cubrir el plan de salidas, además de unos 200 millones de euros para un plan de bajas voluntarias en el área corporativa. Este plan de ajuste en el área corporativa, que afectaría a directivos y gestores, tiene como objetivo reducir el tamaño del equipo directivo de Telefónica.