En la jornada del lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una polémica orden ejecutiva que instruye a los fiscales federales a actuar penalmente contra quienes incurran en la quema de la bandera nacional, especialmente en el contexto de protestas y manifestaciones.

En su declaración, Trump enfatizó que el fiscal general debería dar prioridad a la aplicación de las leyes en relación con la profanación de la bandera, indicando que esta acción es una clara violación de la normativa vigente. El requerimiento fue dirigido específicamente a Pam Bondi, fiscal general en funciones.

Para el mandatario, la bandera estadounidense representa un pilar fundamental de la libertad y la identidad nacional, un emblema por el que muchos patriotas han luchado a lo largo de la historia. “Durante más de dos siglos, valientes americanos han sacrificado todo para que este símbolo ondee con dignidad”, subrayó Trump.

El presidente argumentó que la bandera debe servir como un punto de unidad para todos los estadounidenses, sin importar su origen o condición social. Por tanto, la quema de este símbolo es, a su juicio, un acto particularmente insultante y provocador que representa un desprecio directo hacia la nación.

Trump advirtió que la quema de la bandera puede considerarse una actitud hostil que podría desencadenar violencia y disturbios, describiendo este tipo de acciones como la manifestación más clara de oposición a la unidad política que salvaguarda los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

Aunque la acción de quemar la bandera no está tipificada como un delito específico, podría ser considerada bajo otros delitos como la perturbación del orden público. Sin embargo, enfrentar esta cuestión legal podría ser complicado para la Fiscalía, ya que el Tribunal Supremo ha defendido en un fallo de 1989 el derecho a la quema de la bandera como parte de la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda.

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump defendió su determinación, denunciando que “se están quemando banderas en todo el país”. Lamentó que una decisión judicial, resultado de un voto reñido, permitiera esta acción bajo el argumento de libertad de expresión.

Trump sentenció que aquellos que quemen una bandera enfrentan la posibilidad de un año de prisión, aunque este plazo no se encuentra explícitamente detallado en la orden ejecutiva emitida.

A pesar de la controversia, la opinión pública parece respaldar en gran medida la postura del presidente, ya que una encuesta revela que un 59% de los estadounidenses sostiene que la quema de la bandera no debería ser aceptada en ningún contexto, especialmente durante las manifestaciones.