Una nueva estrategia gubernamental ha sido anunciada en EE.UU., que implicará un fuerte despliegue de fuerzas policiales en ciertos barrios, con el fin de abordar lo que se describe como un aumento de la delincuencia en las calles. Este movimiento se enmarca en un memorando que ha sido firmado por el presidente, Donald Trump, y que moviliza a la Guardia Nacional hacia Memphis, además de establecer una “Fuerza Especial de Seguridad” en la ciudad.

La reciente medida, que ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos, establece que el propósito fundamental de este cuerpo especial será "erradicar la delincuencia callejera y violenta". Para lograrlo, se contemplan tácticas como una amplia saturación de los barrios con personal policial, además de un enfoque en la vigilancia intensificada y el procesamiento judicial enérgico.

Como parte de la iniciativa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha solicitado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que utilice unidades de la Guardia Nacional para respaldar las operaciones de seguridad en Memphis. El documento indica que la cantidad de personal movilizado y la duración de su despliegue dependerán de lo que el gobernador considere necesario. Este enfoque también incluye la participación activa de otros funcionarios clave del gobierno, quienes estarán encargados de coordinar la implementación y ejecución de las nuevas medidas.

El memorando destaca, además, que esta nueva fuerza no solo se ocupará de la delincuencia, sino que también será responsable de reforzar la aplicación de la ley de inmigración y de atender otros aspectos relacionados con la seguridad pública y la calidad de vida en la comunidad. Este enfoque ha suscitado un debate intenso sobre el potencial impacto en las comunidades afectadas, especialmente en el contexto de tensiones raciales y sociales.

Trump, al firmar el documento en el Despacho Oval, manifestó su intención de replicar estos esfuerzos en otras ciudades, como Chicago, donde también se planea una operación similar. Este anuncio ha revivido las preocupaciones sobre el uso de fuerzas armadas en funciones de seguridad interna, un tema delicado que ha sido objeto de litigios en el pasado, como lo demuestra el caso reciente en California, donde un juez declaró ilegal una acción similar por cuestiones legales históricas.

El presidente también ha sugerido que la Guardia Nacional podría ser desplegada en otras ciudades, tales como Baltimore y Nueva Orleans, lo que ha aumentado el nivel de inquietud y resistencia entre sectores que abogan por reformar el sistema de justicia penal en EE.UU. A medida que se implementan estas políticas, se intensificarán las discusiones sobre la necesidad de buscar alternativas que prioricen el bienestar y la seguridad de las comunidades de manera justa y equitativa.