El pasado 23 de septiembre en Madrid, la administración del presidente Donald Trump tomó una decisión controversial al calificar a "Antifa" como una "organización terrorista nacional". Esta agrupación, frecuentemente asociada con el movimiento antifascista, no cuenta con una estructura definida ni líderes reconocidos, lo que ha suscitado amplios debates sobre la legitimidad de tal designación.

En un comunicado oficial, Trump describió a Antifa como un grupo con ideologías militaristas y anarquistas que, según él, clama por el derrocamiento del gobierno estadounidense y de su sistema judicial. Esta caracterización ha levantado cejas, dado que el propio movimiento se basa en la resistencia a ideas y políticas consideradas opresivas, más que en el establecimiento de un gobierno alternativo.

La retórica de la Casa Blanca incluye acusaciones de que Antifa lleva a cabo operaciones coordinadas para obstaculizar la aplicación de leyes federales, enfrentándose de manera violenta a las fuerzas del orden y perpetrando agresiones contra instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se alega que el grupo también se involucra en amenazas y acosos sistemáticos a figuras políticas.

Desde Washington, se ha agregado que este movimiento "entrena y radicaliza" a jóvenes estadounidenses para involucrarse en actos de violencia y en la represión de actividades políticas. La administración menciona que Antifa utiliza tácticas elaboradas para ocultar la identidad de sus operativos y el origen de sus fondos, buscando eludir la vigilancia de las autoridades.

El documento de la Casa Blanca expone que estas actividades constituyen un acto de terrorismo doméstico, señalando la interacción de Antifa con otras entidades para fomentar la violencia política y menoscabar la expresión legítima de disenso. Se argumenta que este enfoque organizado tiene como objetivo promover cambios políticos mediante la intimidación y la coerción.

En respuesta a esta designación, la administración ha declarado que empleará todos los recursos disponibles para investigar y desmantelar cualquier actividad ilegal atribuida a Antifa o a quienes actúen bajo su nombre o con su apoyo. Esta decisión se produce tras una serie de declaraciones previas de Trump en su primer mandato, donde ya había insinuado un enfoque similar hacia el movimiento.