En una decisión controversial, la administración Trump ha decidido congelar más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos destinados a la Universidad de Harvard. Esta medida llega justo después de que la institución manifestara su rechazo a las modificaciones políticas impuestas por la Casa Blanca.

El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, creado a raíz de la reelección de Trump, comunicó su decisión a través de un comunicado. En él, se alega que la postura de Harvard perpetúa una mentalidad de privilegio entre las universidades más prestigiosas del país, sugiriendo que las inversiones federales conllevan la obligación de adherirse a las leyes de derechos civiles.

El comunicado también critica la interrupción del aprendizaje en los campus en tiempos recientes y califica el acoso hacia estudiantes judíos como intolerable. Se hace un llamado a las universidades de élite para que tomen en serio el asunto y muestren un compromiso real hacia cambios significativos si desean seguir recibiendo apoyo financiero del gobierno.

Por su parte, Alan M. Garber, presidente de la Universidad de Harvard, defendió la autonomía institucional, subrayando que ninguna administración, sin importar su color político, debería imponer restricciones sobre lo que las universidades pueden enseñar o a quién pueden admitir. Garber señaló que Harvard ya está implementando estrategias para combatir el antisemitismo.

Garber insistió en que el verdadero progreso contra el antisemitismo no se logrará mediante el uso de poder unilateral que interfiera en la educación y en cómo se estructura la enseñanza. Según él, la tarea de enfrentar las fallas y cumplir con los valores institucionales debe ser determinada y asumida por la comunidad universitaria misma.

Recientemente, la universidad recibió un documento del gobierno con modificaciones necesarias para preservar su relación financiera con el estado. Entre las exigencias se planteaban cambios drásticos, como la eliminación de programas de diversidad e inclusión, además de modificaciones en los procesos de contratación y admisión, limitando el papel de aquellos más involucrados en el activismo que en la educación.