En España, la lucha por una educación equitativa y de calidad sigue en pie. El sindicato UGT ha lanzado un llamado a la acción para exigir la reducción de ratios y de horas lectivas en la inminente negociación del anteproyecto de Ley que busca mejorar las condiciones del profesorado no universitario. Al mismo tiempo, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha manifestado su inquietud por la omisión de la enseñanza concertada en las consideraciones del proyecto.

Según UGT, los docentes en España enfrentan una carga horaria más elevada que sus colegas en el resto de Europa, tanto en educación Primaria como Secundaria. Esta situación limita su capacidad para llevar a cabo otras tareas importantes, como la preparación de clases y el apoyo individual a los estudiantes.

El sindicato plantea que la reciente propuesta del Gobierno de recortar horas lectivas debe ser interpretada como un primer paso hacia una meta más ambiciosa: fijar un límite de 18 horas semanales para el profesorado de Infantil y Primaria, y de 15 horas para los docentes de Secundaria y Bachillerato. Consideran que este cambio es fundamental para mejorar la calidad educativa y la atención que reciben los alumnos.

A su juicio, otro factor determinante en las condiciones laborales de los docentes es el número de alumnos que tienen a su cargo. UGT aboga por una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se realiza la labor educativa, así como por la implementación de medidas que permitan reducir tanto los ratios como las horas lectivas, especialmente en contextos de alta complejidad donde las necesidades son mayores.

En este contexto, han acogido con optimismo el anuncio del Ministerio de Educación, que propone avanzar hacia una reforma significativa que contemple una reducción legal de la ratio en aulas con estudiantes que requieren atención especial, así como en centros educativos ubicados en áreas con desafíos sociales.

No obstante, FSIE ha criticado fuertemente que el borrador del anteproyecto de ley siga excluyendo a la enseñanza concertada, un hecho que, según ellos, perpetúa la desigualdad y la falta de equiparación en las condiciones laborales del profesorado. Esta exclusión, argumentan, no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de años de inacción por parte de las autoridades educativas.

El sindicato subraya que los docentes de la enseñanza concertada han visto sus condiciones laborales deterioradas durante más de quince años, además de sufrir la falta de financiamiento en sus centros, lo que limita su acceso a derechos básicos como la jubilación parcial. FSIE exige que, durante el proceso de tramitación de la futura ley, se incluya a la enseñanza concertada, destacando que esto no debería considerarse un privilegio, sino una cuestión de justicia y derecho que no puede ser aplazada más tiempo.

Enrique Ríos, secretario general de FSIE, ha dejado claro que los trabajadores de la enseñanza concertada están cansados de esperar y no descartan llevar a cabo movilizaciones para defender sus derechos y promover la igualdad de oportunidades para todas las familias en el sistema educativo.