En un reciente desarrollo desde Estados Unidos, una jueza de inmigración ha decidido deportar al activista propalestino Mahmoud Khalil a Siria o Argelia. Khalil, quien fue arrestado a principios de marzo y liberado tras varios meses de encarcelamiento, se encuentra en el centro de un debate más amplio sobre la represión de disidentes en el contexto de las manifestaciones en defensa de Palestina y en oposición a la ofensiva militar israelí en Gaza.

La jueza Jamee Comans, que trabaja en un tribunal de Luisiana, justificó su fallo afirmando que Khalil no proporcionó toda la información requerida en su solicitud para obtener una tarjeta verde, documento que le otorgaría residencia permanente en el país. Los abogados de Khalil han mostrado su descontento, alegando que el proceso ha carecido de la justicia necesaria, ya que no se ha llevado a cabo una audiencia para examinar las evidencias presentadas.

A pesar de ser un residente permanente con una familia estadounidense, la orden de deportación refleja acusaciones de que Khalil hizo declaraciones engañosas para evitar dificultades en su trámite migratorio. La información divulgada por NBC indica que la jueza sustentó su decisión en una supuesta "tergiversación deliberada de hechos cruciales".

Curiosamente, esta decisión se produce en medio de otro proceso judicial en Nueva Jersey, donde se había congelado la deportación de Khalil. El activista, un graduado de la Universidad de Columbia, ha criticado abiertamente lo que percibe como represalias de la administración Trump por su activismo en pro de los derechos del pueblo palestino.

Al reaccionar ante el fallo, Khalil expresó que no le resulta sorprendente que la administración continúe atacándolo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Describió la deportación como un intento de silenciarlo y señaló que cualquier táctica utilizada para reprimir la voz de quienes apoyan a Palestina no lo detendrá en su lucha.

Khalil ha estado bajo custodia durante más de tres meses por su presunto apoyo al grupo Hamas, relacionado con las protestas en varias universidades de Estados Unidos. En julio, decidió presentar una demanda contra la administración anterior, reclamando 20 millones de dólares por daños, aunque aclaró que su verdadera intención no es monetaria, sino buscar una disculpa por lo que considera un arresto ilegal. Este caso subraya la creciente tensión sobre la libertad de expresión en el país, especialmente en temas tan controvertidos como el conflicto palestino-israelí.