En un desarrollo significativo en la búsqueda de justicia en Siria, el Séptimo Juzgado de Instrucción de Damasco, dirigido por Taufik al Ali, ha emitido una orden de arresto en ausencia contra el exmandatario Bashar al Assad. Este acontecimiento marca un nuevo capítulo tras su derrocamiento el 8 de diciembre de 2024, durante una rápida ofensiva llevada a cabo por milicias rebeldes lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, actualmente liderado por el presidente Ahmed al Shara.

El tribunal está investigando a Al Assad por el asedio militar que asoló la ciudad de Deraa en 2011. Las acusaciones incluyen asesinato premeditado y tortura que resultó en muertes, así como privación de libertad, según reporta la agencia de noticias estatal siria, SANA. Este asedio y la dura represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en marzo de 2011 dejaron numerosas víctimas entre los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente contra el régimen.

La orden de arresto fue solicitada por los familiares de las víctimas de Deraa, lo que podría dar paso a una posible orden internacional de captura a través de Interpol, lo que abre una nueva dimensión en los esfuerzos legales para rendir cuentas a los responsables.

Abdulbasit Abdul Latif, presidente de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional en Siria, ha confirmado que se están estableciendo canales de cooperación con Interpol y otras organizaciones internacionales para llevar ante la justicia a Al Assad y a su hermano Maher, ambos señalados por graves violaciones de derechos humanos.

En una entrevista con Al Arabiya, Abdul Latif enfatizó la importancia de la justicia legal para los responsables del régimen anterior. "Aquellos que han huido del país no pueden eludir la justicia", afirmó, dejando claro que la Comisión tiene la firme intención de seguir adelante con el proceso judicial.

La iniciativa no se restringirá a las fuerzas de seguridad, sino que también incluirá a aquellos que apoyaron o justificaron las atrocidades cometidas, incluidas instituciones y empresarios vinculados a esta narrativa. Esto se fundamenta en el Artículo 49 de la Declaración Constitucional siria, que establece la penalización de la negación del genocidio.

Desde el derrocamiento de Al Assad en diciembre de 2024, Damasco ha caído en manos de fuerzas rebeldes, encabezadas por Hayat Tahrir al Sham y sus aliados. Esta rápida ofensiva condujo a la huida del ex presidente y su familia hacia Rusia, marcando el fin de su gobierno tras años de conflicto y sufrimiento para el pueblo sirio.