El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado una solicitud al juez Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, demandando el "cese inmediato" de lo que él califica como un "bloqueo" de su cuenta de correo electrónico, que se mantiene desde el 9 de junio. Atribuye esta situación a un exceso de poderes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, la nueva representación legal de Ábalos, liderada por el ex fiscal Carlos Bautista, argumenta que la UCO ha ido más allá de lo que el juez Puente autorizó en su decisión de ese día, donde se permitía "el acceso, inspección y copiado de las comunicaciones privadas encontradas durante el registro" realizado en el domicilio del diputado en Valencia, lo que incluye sus cuentas de correo.

La defensa denuncia que los agentes de la unidad investigadora accedieron a la cuenta en cuestión y llevaron a cabo las operaciones de copia de información, pero, en lugar de devolver el control al titular, han mantenido un bloqueo absoluto sobre ella desde entonces.

Según el escrito, "han pasado más de cuatro meses" en los cuales Ábalos ha estado completamente privado del acceso a un medio de comunicación vital, lo que destaca como una violación de lo que podría considerarse un marco de tiempo legalmente razonable en una medida de investigación.

Además, advirtió que esta privación prolongada está generando "perjuicios extraordinariamente graves" para Ábalos, afectando significativamente su vida personal, profesional y social.

En el documento, se detalla que la falta de acceso a su cuenta le ha llevado a no poder "renovar contratos de suministros, acceder a documentos, gestionar citas médicas y atender correspondencia ordinaria con contactos de larga data", resultando en un daño que, según su defensa, supera lo aceptable en un contexto investigador.

Bautista subraya que Puente autorizó una medida concisa y ajustada a la ley con la finalidad de obtener "datos estáticos", es decir, información ya existente en el servidor de la cuenta de correo. "Las facultades otorgadas —acceso, inspección y clonado— son fundamentales en esta diligencia de registro", aclara.

El ex fiscal enfatiza que esta acción no debería equipararse con la interceptación de comunicaciones, la cual se ocupa de la captura de "un flujo" de mensajes presentes o futuros.

Por ende, sostiene que la orden emitida por Puente estaba diseñada para proporcionar una "fotografía" del contenido de la cuenta en un momento específico, sin intención de establecer un control o vigilancia futura.

Bautista también resalta que ambos tipos de intervención tienen requisitos y garantías muy diferentes, siendo las que regulan la interceptación de comunicaciones mucho más estrictas debido a su carácter prospectivo y la mayor intensidad de sujeción.

Sin embargo, la defensa aclara que el punto central de la disputa no radica en la legalidad de la decisión judicial, sino en la evidente y categórica extralimitación en su aplicación, lo que constituyó un "fraude de ley procesal".

Este reclamo se produce en el contexto de una investigación en la que se indaga a Ábalos por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos relacionados con la compra de materiales sanitarios durante la pandemia y otros proyectos de obra pública.