En un Pleno extraordinario celebrado en Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha rechazado las críticas de los partidos de izquierda a la decisión del consistorio sobre el denominado síndrome post-aborto. Según ha afirmado, el acuerdo alcanzado el 30 de septiembre no es vinculante, ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han determinado que no será implementado.

Durante su intervención, Almeida expresó su incredulidad al ser presionado por la oposición de Más Madrid y el PSOE sobre un acuerdo que, según él, nunca se ejecutará. El alcalde presentó un informe legal que respalda su postura, en el que se menciona que el Ayuntamiento no tiene la obligación de proporcionar información sobre el aborto de manera obligatoria, sino que puede hacerlo de forma voluntaria y consensuada con las pautas de las autoridades sanitarias, siempre en el marco de la promoción de la salud pública.

Almeida destacó que, si bien existen directrices que obligan a ser proactivos en la asistencia sanitaria, el Ayuntamiento no tiene esa responsabilidad, lo que refuerza su decisión de no colaborar en la divulgación del supuesto síndrome en los servicios públicos de salud de la ciudad. Por ello, el Partido Popular, con su mayoría en el Pleno, desestimó los planteamientos de la izquierda, que buscaban vetar la difusión de esta información en distintos espacios públicos y sociales.

La negativa del PP también se extendió a la solicitud de revisar el acuerdo del 30 de septiembre, lo que Almeida consideró una muestra de las “carencias intelectuales” de la oposición y arremetió contra el exteniente de alcalde, Mauricio Valiente, por su papel en la elaboración de resoluciones que, según el alcalde, carecen de validez normativa.

En su defensa, Almeida hizo hincapié en que la intención inicial del Pleno del 30 de septiembre era asegurar que las mujeres contaran con toda la información necesaria para que pudieran tomar decisiones sobre su maternidad en libertad, alejadas de la manipulación política que, a su juicio, se ejerce desde la izquierda y la formación Vox.

El alcalde también mostró sensibilidad hacia los profesionales de la salud del Ayuntamiento, asegurando que su voto en el Pleno anterior había causado confusión pero reafirmó su apoyo hacia ellos y su compromiso por la autonomía en sus funciones, insistiendo en que su enfoque es, siempre, hacia el bienestar de las mujeres.

Desde las filas de Vox, la diputada Carla Toscano criticó severamente a Almeida por no ejecutar los acuerdos del Pleno, acusándolo de falta de compromiso. Toscano adujo que el PP está actuando de manera ambigua en temas de gran calado moral y que sirve a intereses electoralistas, lanzando ataques a la izquierda por su supuesta promoción de políticas abortistas.

La representante del PSOE, Reyes Maroto, instó a Almeida a retractarse de sus decisiones, argumentando que atentan contra derechos adquiridos por las mujeres y catalogando al acuerdo sobre el ‘síndrome post-aborto’ como un intento de manipulación y un "ataque directo" hacia la autonomía femenina.

Por su parte, Carolina Elías de Más Madrid acusó al PP de obedecer a una agenda que pretende desmantelar los avances del feminismo y propuso que el derecho al aborto sea protegido constitucionalmente, exigiendo que se garantice como un servicio de salud accesible y sin restricciones burocráticas.

En medio de las tensiones del Pleno, una activista fue expulsada por manifestar su apoyo al derecho al aborto, lo que subrayó la polarización del debate. Mientras tanto, activistas de Derecho a Vivir distribuyeron panfletos con mensajes en contra del aborto, lo que avivó aún más el fervor entre los asistentes. Por su parte, algunas concejalas de Más Madrid lucieron pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al aborto, y la portavoz socialista mostró una chapa como muestra de su apoyo a la causa.