MADRID, 13 de enero.

La corte belga ha decidido congelar 482 millones de euros destinados a España, como parte del litigio que se ha desatado en torno al recorte retroactivo de subvenciones para energías renovables, implementadas por las administraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Este embargo se inscribe en los procedimientos que se han originado en el caso OperaFund, donde se busca la ejecución de un laudo arbitral a favor de la empresa mencionada.

La decisión de la justicia belga de congelar esta suma tiene como objetivo garantizar que se cumplan las compensaciones requeridas por los acreedores, por lo que se ha activado un proceso de embargo que afecta a esos 482 millones de euros.

OperaFund había logrado en 2019 un laudo vinculante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) —un organismo del Banco Mundial al que España está suscrita— en el marco del Tratado de la Carta de la Energía, en vigor en el momento en que se realizaron los recortes que generaron estas demandas.

Tras la negativa del Gobierno español a pagar la compensación, OperaFund no se quedó de brazos cruzados y buscó alternativas legales, llevando su caso a tribunales de distintos países para embargo de bienes y créditos del Estado.

En total, la deuda en este pleito asciende a 29,3 millones de euros, sumando además 7,5 millones en intereses acumulados por demora.

En este marco, el equipo legal de OperaFund presentó una solicitud ante los tribunales belgas para que se interferieran los pagos que Eurocontrol efectúa regularmente al proveedor español de control aéreo, Enaire, que opera bajo la jurisdicción belga.

La justicia belga accedió a esta solicitud, considerando que el embargo es un método legítimo para asegurar a los afectados el cobro de lo que se les adeuda. Por ello, los 482,4 millones de euros quedan ahora bloqueados, a la espera de un eventual recurso y listos para ser transferidos a los acreedores en compensación por las deudas acumuladas.

En julio del año pasado, Eurus Energy, una filial de Toyota, ya había iniciado un proceso similar, logrando un embargo de más de 207 millones de euros, debido a una deuda pendiente de 106,2 millones de euros más 9,4 millones en intereses moratorios.

Empresas que han demandado al Estado español han logrado en varias ocasiones fallos favorables en jurisdicciones de países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, entre otros.

Las compañías han reiterado su disposición a alcanzar un entendimiento con el Gobierno, con el fin de cesar esta larga disputa legal y restablecer un entorno de seguridad jurídica propicio para la inversión internacional.

Hasta diciembre de 2024, la suma total que España debe a las 27 empresas afectadas por los recortes ascenderá a 1.754,7 millones de euros, sin contar otros 297,6 millones en intereses moratorios y 238,7 millones en gastos legales y sobrecostos, lo que suma un total de 2.292 millones de euros.

Entre la segunda mitad de 2025, los tribunales estadounidenses han reconocido y respaldado la ejecución de laudos relacionados con siete procedimientos, validando una deuda exigible de 691,2 millones de euros, lo que permite a los acreedores activar acciones legales en su territorio.

Ante este aluvión de sentencias desfavorables, el Gobierno español ha decidido apelar ante el Tribunal Supremo, mientras que los inversores han puesto en marcha un procedimiento formal para rastrear activos del Estado que puedan ser embargados en la jurisdicción estadounidense.

Además, la ofensiva legal también proseguirá en Australia, donde el Tribunal Federal emitió una sentencia en 2025 ordenando la ejecución de cuatro laudos por un total de 469 millones de euros, desechando los argumentos de inmunidad soberana de España y dando luz verde a todas las reclamaciones de las partes demandantes.

No solo permitió la ejecución de esos laudos, sino que también impuso costos legales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue considerada insuficiente por el juez.