En una reciente declaración, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reafirmado el compromiso de su ministerio de proteger los derechos de los consumidores, tras el anuncio de la apertura de un nuevo expediente sancionador contra una sexta aerolínea de bajo costo. Bustinduy subrayó que “nadie está por encima de la ley”, enfatizando su firme determinación de actuar en defensa de los ciudadanos, sin importar quién sea el responsable.

Las acciones que se están investigando incluyen prácticas que podrían considerarse abusivas, como el cobro de tarifas adicionales por el transporte de equipaje de mano y sobrecostos al reservar asientos para menores o personas con dependencia. También se examinan posibles engaños en la información proporcionada al realizar reservas, lo que genera confusión en los precios que se publicitan.

En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se celebra en Sevilla, Bustinduy aclaró que, por razones legales, no se pueden revelar los nombres de las aerolíneas involucradas en estos procedimientos, destacando que este resguardo es parte de las garantías que cualquier empresa tiene en un Estado de Derecho.

Este nuevo expediente abre un procedimiento de investigación que durará alrededor de nueve meses, tras los cuales se determinará si la aerolínea en cuestión deberá enfrentarse a sanciones administrativas por sus prácticas. La posible multa se calculará sobre los beneficios obtenidos de estas prácticas, con cifras que podrían oscilar entre 100.001 y 1 millón de euros, o incluso múltiples veces esa cifra si se considera que se trata de infracciones graves.

A lo largo de 2023, el Ministerio de Consumo ya había tomado medidas similares con otras cinco aerolíneas, también por prácticas abusivas. Durante la anterior legislatura, tras un cambio de Gobierno en noviembre de 2024, Bustinduy llevó las sanciones adelante: 107,7 millones de euros para Ryanair, 39,2 millones para Vueling, 29 millones para easyJet, 1,6 millones para Norwegian y 1,18 millones para Volotea.

Estas aerolíneas impugnaron las decisiones del Gobierno ante los tribunales, lo que ha llevado a que las sanciones no sean efectivas hasta que la justicia se pronuncie, un procedimiento que sigue su curso con la participación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió suspender cautelarmente las sanciones impuestas a Ryanair, Norwegian y Vueling, señalando que no puede, en esta fase del proceso, prejuzgar el fondo del asunto. Sin embargo, esta suspensión está condicionada a la presentación de un aval bancario de 110 millones de euros de Ryanair y 1,8 millones de Norwegian, que cubrirían el monto de la sanción y los intereses asociados.