En un desarrollo significativo para la lucha contra la violencia de género en España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Igualdad han anunciado un compromiso conjunto para reforzar la formación judicial en esta área crítica. Esta colaboración fue formalizada el pasado jueves, cuando Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, se reunió con Ana Redondo, ministra de Igualdad, en un acto que subraya la importancia de una justicia informada y sensible ante la violencia contra las mujeres.

El convenio tiene como finalidad implementar nuevas iniciativas en línea con el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, cuya reciente revisión fue aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero. Según el CGPJ, este esfuerzo se centrará en establecer bases sólidas para llevar a cabo actividades formativas que capaciten a los jueces y a otros profesionales del sistema judicial en las temáticas abordadas en dicho pacto, garantizando así una respuesta más efectiva y comprensiva a estos casos.

Las acciones de formación que se emprenderán no solo se alinean con los principios fundamentales expresados en el Convenio de Estambul, sino que también buscarán abordar la diversidad de formas de violencia que enfrentan las mujeres, desde la violencia física y psicológica hasta la explotación sexual y la violencia económica. Este enfoque integral es esencial para crear una cultura de justicia que no ignore las distintas manifestaciones de violación de derechos, que afectan a las mujeres en sus diversas realidades, incluyendo la migración y otras vulnerabilidades.

Además, el CGPJ ha enfatizado la necesidad de que la formación judicial se renueve para abordar cuestiones de igualdad y discriminación, lo que incluye la detección de formas encubiertas de violencia en contextos familiares. La meta es que los profesionales del derecho puedan realizar interrogatorios que sean respetuosos y empáticos, asegurando la calidad de las declaraciones de las víctimas y evitando su re victimización en el proceso judicial.

Por último, la iniciativa contempla también la inclusión de capacitación específica sobre el efecto de la violencia de género entre las mujeres migrantes, y la continuidad en la formación obligatoria de aquellos que trabajan con menores en los procedimientos judiciales. Este enfoque integral es clave para garantizar que la justicia sea verdaderamente accesible y efectiva para todos, independientemente de su contexto personal o sociocultural.