En un encuentro crucial celebrado en el Congreso de Madrid, diversos especialistas en diferentes áreas, como la educación, la justicia y la transición digital, han exigido la modernización de la ley que protege a los menores en entornos digitales. Durante su intervención, resaltaron la necesidad de regular prácticas como los diseños persuasivos y patrones oscuros que pueden influir de manera negativa en el comportamiento de los más jóvenes. También abogan por la creación de una "lista negra" de situaciones peligrosas y la prohibición de sistemas de recomendación que interactúan con menores.

Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), expresó su preocupación por ciertos aspectos del proyecto de ley, destacando que, más allá de su componente penal, muchas de las promesas son meras ilusiones. A pesar de su satisfacción por la creación de esta legislación, advirtió que ha llegado tarde y que la urgencia en su implementación es evidente y necesaria para la sociedad actual.

Caballero puntualizó que hay dos aspectos fundamentales que deben ser discutidos en el marco de esta ley: primero, la responsabilidad en el uso de tecnologías tanto de los menores como de sus padres, y segundo, la necesidad de abordar los problemas desde su raíz. Afirmó que esperar que los niños gestionen su comportamiento en plataformas digitales es contraproducente, dado que sus cerebros aún no están completamente desarrollados para tomar decisiones adecuadas.

La experta también criticó la idea de autorregulación de las grandes empresas tecnológicas, enfatizando la necesidad de una regulación específica que limite prácticas manipulativas como el "scroll infinito" y los sistemas de recompensa que pueden afectar el bienestar emocional de los menores. Propuso que todas las plataformas dirigidas a este grupo demográfico tengan desactivados por defecto mecanismos de captación de atención y que se realicen evaluaciones de impacto en sus derechos antes de lanzar productos digitales.

Por su parte, Catherine L'Ecuyer, especialista en educación y psicología, arremetió contra el enfoque idealista que adopta el proyecto de ley, sugiriendo que se está permitiendo una "barra libre" en el uso de tecnologías en vez de establecer límites claros. Su crítica se extiende al concepto de un "derecho a la conexión", al que catalogó como una idea errónea, abogando en su lugar por un derecho a la desconexión.

Asimismo, cuestionó la responsabilidad que se le asigna a las empresas para informar sobre los riesgos de sus productos, sugiriendo que sería inapropiado pedirles que definan los posibles efectos negativos en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. En su opinión, si los expertos aún no han llegado a un consenso, no resulta sensato delegar esta labor en los mismos actores que producen estos servicios.

El fiscal José Miguel de la Rosa Cortina también se pronunció en este debate, sugiriendo que sería oportuno considerar la prohibición del uso de algoritmos que sugieren contenido personalizado a menores. Afirmó que la vulnerabilidad de los menores, quienes no poseen la misma habilidad de autocontrol que los adultos, puede tener consecuencias devastadoras. Hizo un llamado a intervenir, especialmente frente al uso excesivo que los jóvenes hacen de la tecnología los fines de semana.

De la Rosa aboga por un cambio en la Ley de la Sociedad de los Servicios de Información, exigiendo que los proveedores de servicios digitales asuman la responsabilidad de evitar contenido que pueda perjudicar a los menores. Según él, una regulación efectiva debe impulsar tanto la responsabilidad de los padres como de las empresas tecnológicas, empoderando a los primeros con herramientas para salvaguardar el bienestar de sus hijos.

Desde el sector tecnológico, Antonio Cimorra de AMETIC subrayó la importancia de que cualquier ley sea sólida desde un punto de vista jurídico y viable tecnológicamente. Defendió que es vital alinear iniciativas nacionales con las normativas europeas ya en marcha, manteniendo una coherencia política tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, destacó la necesidad de fomentar una mayor concienciación sobre el uso responsable de la tecnología y de respetar el derecho de los menores a recibir información adecuada. Se mostró en desacuerdo con las prohibiciones generales y enfatizó que cada situación debe ser evaluada de forma individualizada, considerando los diferentes contextos y medios a través de los cuales los menores acceden a la tecnología.

Cimorra finalizó su intervención señalando que el ecosistema digital está en constante evolución y que un enfoque rígido podría obstaculizar la innovación en el desarrollo de sistemas de protección para menores. También pidió que cualquier régimen sancionador se ajuste al principio de proporcionalidad y que se establezcan medidas adecuadas a cada situación. Afirmó que la protección de los menores requiere no solo tecnología, sino también educación y sentido común por parte de todos los implicados.