El pasado jueves, las 14 comunidades autónomas bajo el control del Partido Popular (PP) firmaron una declaración conjunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), en la que manifestaron su decisión de no participar en la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática'. Este evento está programado para los próximos lunes y martes en Ponferrada, en la provincia de León.

Los representantes del PP argumentaron que no comparten la visión que ha planteado el Gobierno acerca del pacto y sugirieron que en su lugar se establezca un enfoque más serio, enfocado en la adaptación y la prevención, así como en reformar la legislación vigente y apoyar las economías rurales, asegurando la seguridad jurídica y la neutralidad tecnológica.

En su misiva, los consejeros reclamaron que esta declaración conjunta se incluya en la próxima Conferencia Sectorial. Exigieron que el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática se finalice de manera que se confirme un marco de gobernanza "real" y que se pongan en marcha grupos técnicos operativos de manera inmediata. También hicieron hincapié en la necesidad de que el Gobierno les proporcione de antemano memorias económico-financieras y datos específicos de cada territorio, así como iniciar la negociación de un Acuerdo sobre Adaptación y Buen Gobierno en Emergencias, que contemple financiación estable y criterios objetivos.

Las demandas presentadas abarcan ocho puntos clave en cuestiones climáticas, entre las que se incluye una "cogobernanza real y efectiva" a través de la Conferencia Sectorial, garantizando actas públicas, cronogramas claros, grupos técnicos operativos en diversas materias y un sistema de rendición de cuentas que pueda ser verificado. Además, desean que se convoque el Consejo Nacional de Protección Civil cada dos años.

Asimismo, pidieron una actualización del Plan Nacional de Adaptación que contenga metas específicas, plazos definidos y una gestión financiera transparente. También solicitaron la creación de un panel público con indicadores comparables entre comunidades autónomas y una revisión bianual independiente sobre los resultados y costos de las políticas implementadas. Como parte de sus propuestas, hicieron un llamado a reformar la Ley de Montes para facilitar la explotación sostenible de recursos forestales y fomentar la economía rural, ayudando a fijar población en estas áreas.

En cuanto a la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil, demandaron un catálogo interoperable de recursos entre comunidades autónomas, así como una red nacional de alertas tempranas y una plataforma de datos integradora que incluya información sobre meteorología, hidrología, gestión de recursos forestales y vulnerabilidad urbana, utilizando inteligencia artificial para optimizar la predicción y manejo de recursos. Insistieron en que el Gobierno debe garantizar financiación estable para afrontar de manera efectiva las fases de recuperación tras emergencias severas.

Con respecto a los recursos económicos, subrayaron la necesidad de establecer un programa plurianual de inversión en medios de lucha contra incendios. También pidieron un "mapa vivo" que detalle todos los recursos públicos y privados disponibles en España, así como sistemas de comunicación y mando interoperables entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la Unidad Militar de Emergencias. Además, solicitaron la creación de un centro nacional de coordinación disponible 24/7 con protocolos estandarizados, simulacros conjuntos y recursos adicionales para situaciones de alto riesgo.

Por otro lado, destacaron la importancia de activar las acciones previstas en los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación, integrando soluciones basadas en la naturaleza siempre que esto contribuya a salvar vidas y proteger bienes. También impulsaron la economía circular del agua mediante la asistencia técnica y financiera a los municipios. Hicieron un llamado a contar con "fondos y reglas claras" para enfrentar los impactos del cambio climático.

Finalmente, reiteraron la necesidad de que se asignen fondos específicos y estables, además de solicitar la activación de un Fondo Social por el Clima que se gestione en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, contemplando proyectos de adaptación que estén diseñados con indicadores validados y que garanticen la transparencia en su implementación. Asimismo, subrayaron la importancia del sector primario en la gestión del territorio y rechazaron cualquier forma de "estigmatización" hacia el campo.

“Demandamos políticas efectivas que generen rentabilidad en las explotaciones, así como en los servicios públicos y la vivienda, con el fin de fijar población en el medio rural, y la evaluación del impacto sobre el ámbito rural de cualquier normativa estatal que les afecte, además de una política fiscal que incentive las actividades económicas en estas áreas”, concluyeron.