El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley por el Derecho a la Vivienda en España, una ley que había estado bloqueada en el Congreso durante más de un año. La norma ha recibido apoyo de 176 votos frente a 167 en contra, con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido. El PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, así como PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, han votado en contra, alegando invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.

La legislación se enviará ahora al Senado para su aprobación antes del 28 de mayo, con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales.

La Ley de Vivienda establecerá nuevos límites a la subida de precios del alquiler en toda España, reducirá la figura de "gran tenedor de vivienda" haciéndola aplicable solo a propietarios de más de cinco inmuebles y evitará que los propietarios puedan desalojar a los inquilinos vulnerables sin una conciliación previa. La norma mantendrá el límite del 2% para la subida del alquiler este año y lo elevará al 3% en 2024, además de crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio.

La nueva ley incluye medidas para controlar el mercado de alquiler y dificultar los desahucios de personas en situación económica vulnerable, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. Los desahucios no podrán realizarse sin una fecha y hora predeterminadas.

Al defender el proyecto de ley, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló que la política de vivienda en España es "la gran estafa española". Según la ministra, la vivienda en España hasta el momento ha sido "un gran negocio" construido bajo el "consenso del pelotazo" y de la "especulación". La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el proyecto de ley se alinea con la agenda urbana del Gobierno, que tiene por objetivo "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda".

Los partidos que han votado en contra han argumentado que la ley permitiría la 'okupación' de viviendas, generaría inseguridad jurídica y daría lugar a una intervención excesiva en el mercado.