En un contexto de creciente tensión política en Turquía, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la detención masiva de periodistas, enfatizando la necesidad urgente de garantizar su libertad para ejercer el periodismo sin temor a represalias.

Este lunes, las autoridades turcas confirmaron la captura de al menos 43 individuos durante manifestaciones en respuesta al arresto y posterior destitución de Ekrem Imamoglu, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP). El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, describió a los detenidos como "provocadores" en un mensaje publicado en la plataforma X, aunque no proporcionó detalles sobre las ubicaciones específicas de las detenciones. Sin embargo, mencionó la emblemática plaza de Saraçhane en Estambul, la ciudad donde Imamoglu había sido alcalde hasta hace poco.

Yerlikaya también señaló que se estaban llevando a cabo operaciones para atrapar a otros supuestos culpables, denunciando que durante las protestas se realizaron "viles insultos" hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan y su familia. Anunció que las fuerzas de seguridad habían comenzado rápidamente los procedimientos pertinentes, advirtiendo que tales actos no serían tolerados.

Previo a estos incidentes, el ministro había indicado que el total de detenciones relacionadas con las protestas de los últimos días ascendía a 1,133, mayormente concentradas en un solo día, el domingo, coincidiendo con las elecciones primarias del CHP, donde Imamoglu fue elegido como candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Ante esta situación, António Guterres, secretario general de la ONU, ha manifestado que está "atento" a los recientes sucesos en Turquía, especialmente en lo que respecta al arresto de Imamoglu y otros líderes opositores, así como a la alarmante detención de periodistas. En palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, subrayó la relevancia de permitir que los periodistas realicen su labor sin temor al acoso y la detención, tanto en Turquía como globalmente. Guterres también destacó la importancia de que los ciudadanos puedan manifestarse de manera pacífica, sin que sus derechos sean vulnerados, y enfatizó la necesidad de respetar las garantías procesales en este contexto crítico.