VALÈNCIA, 26 de septiembre.

El vicesecretario del área de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha demandado la renuncia de la ministra Ana Redondo en relación al controvertido incidente de las pulseras telemáticas para el control de maltratadores. A su juicio, el debate de su reprobación en el Congreso esta semana subraya que la supuesta coalición progresista que impulsó el inicio de la investidura está, en realidad, fracturada.

Durante una reciente rueda de prensa en València, De los Santos arremetió contra lo que calificó de “silencio” y “gestión deficiente” por parte del gobierno de Pedro Sánchez, sosteniendo que, según su opinión, este Ejecutivo nunca ha priorizado las necesidades de las mujeres.

De los Santos continuó insistiendo en que la ministra de Igualdad debe dimitir y subrayó la urgencia de garantizar la protección a las víctimas de la violencia de género.

El político argumentó que el mal funcionamiento de las pulseras es consecuencia directa de la ineficacia del Gobierno y su falta de acción, afirmando que “son conscientes de este problema desde hace más de un año”.

Según destacó, “no solo la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del CGPJ lo advirtió a la ministra, sino que diversos representantes de Cometa también lo hicieron”.

Además, critico que el Ministerio de Igualdad “continúa desestimando la situación”, y recordó que tanto Redondo como Pilar Bernabé, quien es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, han minimizado el problema, sugiriendo que su impacto potencial sería limitado a un 1% de las afectadas, como si 46 víctimas de violencia machista fueran un número despreciable.

De acuerdo con De los Santos, estas declaraciones evidencian una falta de responsabilidad, sensibilidad y empatía, sugiriendo que para el PSOE las mujeres nunca han sido una prioridad.

Finalmente, destacó que el escándalo fue revelado inicialmente por el fiscal general del Estado en su memoria anual, y que posteriormente fue corroborado por el Consejo General del Poder Judicial, varias fiscalías, abogados defensores de víctimas y las propias afectadas por esta forma de violencia, quienes han alzado la voz en busca de justicia y protección.