
Madrid, 12 de septiembre. La actual edición de la Vuelta Ciclista a España ha quedado marcada por una serie de manifestaciones en apoyo a Palestina y en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, resultando en más de veinte detenciones por delitos de desorden público en diversas etapas de la competición.
Los arrestos más recientes ocurrieron este jueves durante la contrarreloj individual en Valladolid, donde dos activistas que mostraban simbología palestina intentaron bloquear el paso de un ciclista del equipo israelí tras saltar las barreras de seguridad, lo que llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, se unió a las protestas en Valladolid, instando al boicot de la Vuelta y denunciando el despliegue de un dispositivo de seguridad que limita la presencia de manifestantes con banderas palestinas cerca de la zona de salida. Fernández critica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las identificaciones realizadas a quienes portaban símbolos de apoyo a Palestina.
En este contexto, ha habido encuentros entre las autoridades para fortalecer la seguridad en torno a los eventos, llevando al despliegue de 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil para cubrir las etapas finales de la competición.
Voces dentro del Gobierno, incluido el vicepremier Yolanda Díaz y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se han expresado a favor de las manifestaciones y han pedido la expulsión del equipo Israel-Premier Tech como forma de enviar un mensaje claro al gobierno de Netanyahu.
Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha subrayado la necesidad de equilibrar la seguridad de los ciclistas con el derecho a la protesta. Afirmó que la situación en Gaza ha llevado a muchos a manifestar su descontento, pidiendo que estas acciones no pongan en riesgo a los deportistas ni al público asistente.
A lo largo de la competición, se han producido múltiples detenciones en distintas etapas. Por ejemplo, el 8 de septiembre, diez manifestantes pro-Palestina fueron detenidos en los municipios de O Corgo y Monforte de Lemos durante la final de la 15ª etapa.
Las razones tras los arrestos incluyen desórdenes públicos y riesgo a la seguridad. Entre los detenidos destacaba Rosana Prieto, una integrante del BNG, lo que generó un eco de protestas por parte de su partido.
Además, una cadena de incidentes ha sido grabada durante la retransmisión de la Vuelta, como el ocurrido cuando un activista pro-Palestina provocó una caída de un corredor tras irrumpir en la carretera a 50 kilómetros de la meta.
En la etapa del 9 de septiembre, que partió de Poio, las continuas manifestaciones llevaron a la organización a modificar la meta, adelantándola en ocho kilómetros para evitar más altercados y cargas policiales, incluyendo el desalojo de un árbol que obstruía el paso del pelotón.
La etapa en el Alto El Angliru resultó en la detención de doce activistas por varios desórdenes, mientras que el 5 de septiembre, dos ciclistas encontraron su camino bloqueado por manifestantes que se encadenaron en la carretera, lo que obligó a la intervención rápida de las fuerzas de seguridad para reanudar la carrera en muy poco tiempo.
La situación alcanzó su clímax el 3 de septiembre, cuando la dirección de la carrera decidió no coronar un ganador en una etapa debido a las constantes protestas contra Israel relacionadas con la situación en Gaza.
La Erzaintza realizó identificaciones y detenciones de personas durante estos episodios, y algunos agentes resultaron heridos, mientras que el lehandakari, Imanol Pradales, condenó el comportamiento de ciertos sectores como "inaceptable".
Desde la consejería vasca de Seguridad, se comunicó que las manifestaciones desobedecieron las normas de seguridad, afectando el desarrollo normal de la carrera, y varios incidentes, como la ocupación de la carretera por parte de manifestantes con pancartas, fueron registrados en diferentes tramos del recorrido.
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