La organización WWF ha lanzado una clara advertencia sobre el estado de la población de lobos en España, afirmando que se encuentra en una situación de estancamiento. Por su parte, Ecologistas en Acción ha señalado que las cifras actuales son incluso inferiores a las reportadas anteriormente en el censo oficial.

Ambas ONG han hecho un llamado contundente a revalorizar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), destacando que el censo más reciente reporta la existencia de 333 manadas y un estimado de entre 1.600 y 1.700 lobos en todo el país. Además, se ha mencionado que Alianza Verde respalda esta postura.

El coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, ha expresado que las razones que llevaron a la protección del lobo siguen siendo válidas. No solo se trata de cuestiones poblacionales, sino que su valor ecológico, económico y social es fundamental. A pesar del reciente censo, Suárez ha enfatizado que la situación general sigue siendo preocupante.

El crecimiento poblacional de los lobos ha sido irrisorio, con un incremento anual de apenas el 1%, mucho más bajo que el aumento observado en otras partes de Europa. Entre las causas de este estancamiento, Suárez ha señalado la continua persecución de esta especie en numerosas comunidades autónomas y una preocupante falta de variabilidad genética en la población.

Desde la perspectiva de WWF, la decisión de excluir al lobo del LESPRE fue más política que científica. Para la organización, es crucial que el lobo recupere su estatus de protección, garantizando así una gestión uniforme y evitando que intereses particulares interfieran con la conservación de la especie.

En paralelo, el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha expresado su escepticismo acerca de los datos facilitados por las administraciones autonómicas, criticando las metodologías utilizadas en el censo como poco fiables. Desde su punto de vista, el número real de manadas es considerablemente inferior al que se ha reportado.

Oberhuber también ha señalado la contradicción de que las administraciones aprueben planes de control del lobo alegando que se encuentra en un buen estado de conservación, cuando esta evaluación debería hacerse a nivel biogeográfico y no basado en los límites autonómicos. Se prevé que la Justicia intervenga para frenar estos planes, dado que la legislación europea lo prohíbe en el caso de especies en peligro.

La petición de que el lobo regrese al LESPRE es clara y unánime: tanto en el norte como en el sur del Duero, su separación geográfica carece de fundamentación. Según Oberhuber, hay un consenso científico que respalda esta protección y que enfatiza la necesidad de incluir al lobo en el LESPRE.

A pesar de la posible demanda por volver a incluir al lobo en el LESPRE, Oberhuber ha subrayado que el Gobierno, especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, es el encargado de llevar a cabo las acciones necesarias para su protección.

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha calificado el nuevo censo como una refutación de los mitos que han surgido en contra del lobo. La idea de un crecimiento exponencial o de una sobrepoblación es simplemente falsa.

Uralde ha destacado que la realidad muestra un crecimiento muy limitado y subraya la urgencia de restablecer la protección efectiva del lobo en el país. Esto también respalda los esfuerzos legales en curso para frenar las decisiones de las comunidades de Asturias, Cantabria y Galicia que buscan reanudar la caza de esta especie emblemática.