Las autoridades estadounidenses han puesto bajo acusación a dos individuos en relación con un ataque registrado durante el pasado 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes en Texas, marcando un precedente en la persecución de presuntos miembros del movimiento Antifa, que ha sido catalogado por el gobierno como una agrupación terrorista.

En una declaración a través de la plataforma X, el director del FBI, Kash Patel, anunció la detención de dos individuos considerados extremistas anarquistas asociados con Antifa. Patel destacó que se han llevado a cabo más de 20 arrestos relacionados con el ataque al centro de detención de Prairieland, enfatizando que "no se tolerará ningún ataque a las fuerzas del orden".

Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, apoyó esta línea argumentando que, tal como ha reiterado el presidente Donald Trump, Antifa representa una amenaza terrorista de izquierda, subrayando que los acusados, Zachary Evetts y Cameron Arnold, enfrentarían cargos severos en consecuencia.

Evetts y Arnold están siendo investigados por su supuesta participación en una red de Antifa, que se dice que incluía al menos a otros nueve operativos. Este grupo llevó a cabo el ataque en el centro de Alvarado, donde se encontraban inmigrantes detenidos en espera de deportación, según informes oficiales.

De acuerdo con los documentos judiciales, los acusados utilizaron fuegos artificiales y realizaron grafitis en la instalación, lo que llevó a la intervención de varios agentes de seguridad. Durante el caos, un oficial resultó herido de un disparo en el cuello, y hubo disparos indiscriminados hacia otros miembros de la fuerza, aunque no hubiera más heridos.

Las armas empleadas en este ataque fueron adquiridas por un exmarine, identificado como Benjamin Hanil Song, quien se enfrenta actualmente a acusaciones de intento de asesinato de un agente federal. También hay al menos catorce personas más involucradas en este caso, algunas de las cuales son acusadas de ayudar a ocultar a Song tras el incidente.

La presentación de cargos por terrorismo contra Evetts y Arnold se produce tras la declaración de Trump en septiembre, en la cual se designó a Antifa como organización terrorista, a pesar de las críticas que esta clasificación ha recibido debido a la falta de estructura formal dentro del movimiento.

En su orden, Trump describió a Antifa como un grupo anárquico cuyo objetivo declarado es la transformación del gobierno estadounidense y la demolición del sistema judicial. El gobierno federal sostiene que Antifa tiene el potencial de reclutar y radicalizar a jóvenes estadounidenses hacia la violencia y la supresión de la disidencia política.