El compromiso de los partidos progresistas con la justicia social y la defensa de la clase trabajadora ha quedado nuevamente reafirmado tras un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Hacienda. Este pacto, que exime a los beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de tributar en el IRPF en 2025, ha sido calificado como un triunfo rotundo por parte de Sumar y sus aliados.

Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comunes y diputado del grupo plurinacional, fue uno de los primeros en celebrar esta decisión, destacando que la exención alcanzada es un avance significativo hacia la justicia social. A pesar del interés inicial de Hacienda en adoptar un enfoque fiscal distinto, Pisarello considera que este acuerdo representa un triunfo de las clases trabajadoras, quienes han luchado activamente por esta causa.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, también se pronunció a favor del acuerdo enfatizando que no es solo un acto de justicia social, sino también una cuestión de sentido común. Argumentó que gravar a quienes están en una situación económica más vulnerable resulta inaceptable, especialmente cuando quienes más tienen pueden asumir una mayor carga fiscal.

Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar y candidata a liderar el partido, utilizó su plataforma en la red Bluesky para reiterar que el compromiso de Sumar con la clase trabajadora es sólido y constante. Hernández defendió la idea de que la justicia fiscal debe empezar por aquellos con mayores ingresos, en lugar de cargar sobre los más necesitados.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, también celebró la medida, describiéndola como una buena noticia. Desde su partido, se ha denunciado como "obsceno" que los trabajadores que ya perciben los salarios más bajos tengan que contribuir con impuestos mientras que otros, con capacidades económicas mucho mayores, escapan de esta responsabilidad.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, felicitó a la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de la red social X, a la vez que enfatizaba que aquellos que reciben el SMI, que ha aumentado un 60% desde 2019, no deben verse obligados a tributar. Ibáñez además hizo un llamado a la ministra de Hacienda para que los ingresos de capital sean gravitados de manera más sustancial que los salarios de quienes trabajan.

Este acuerdo aparentemente pone fin a tensas negociaciones entre las ministras Díaz y Montero, donde se contemplaba una posible crisis dentro del Gobierno si no se alcanzaba un consenso. Durante la semana, las discusiones se intensificaron, y aunque hubo momentos de estancamiento, finalmente se logró un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

A pesar de las dificultades, tanto Díaz como Montero han mostrado disposición para encontrar soluciones, y cualquier paso hacia adelante ha sido considerado un éxito significativo. No obstante, Sumar ha manifestado un deseo mayor de que esta exención se perpetúe más allá de 2025, aunque por el momento ha logrado un acuerdo parcial.

Por otro lado, tras el acuerdo, el Gobierno ha presentado su veto a diversas propuestas de ley que pretendían eximir el SMI del IRPF, quedando pendiente la revisión de la iniciativa presentada por Sumar. A lo largo de estas conversaciones, que han resultado ser complicadas, se ha evidenciado la voluntad de encontrar un diálogo constructivo entre ambos ministerios para evitar que este asunto escalara a instancias superiores.