La reciente imputación de Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas, ha encendido el debate sobre las violaciones de derechos humanos dentro de su controvertido mandato. Este lunes, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha presentado tres cargos por crímenes de lesa humanidad, vinculados a la muerte de más de 70 individuos en el contexto de su brutal campaña contra las drogas.

Durante su gestión, que abarca desde su tiempo como alcalde de Dávao (2013-2016) hasta su presidencia (2016-2022), Duterte y sus colaboradores habrían formulado un esquema violento para “eliminar” a aquellos considerados delincuentes, incluyendo a personas asociadas con el uso y distribución de sustancias prohibidas. Este plan ha sido descrito por el TPI como una manifestación de una política sistemática que resultó en numerosos asesinatos, reflejando un patrón profundamente preocupante de violencia estatal.

A pesar de sus 80 años y de estar detenido en La Haya desde marzo, Duterte enfrenta acusaciones serias por ser coautor indirecto de 19 muertes en Dávao y estar involucrado en múltiples asesinatos de objetivos prioritarios durante los años 2016 y 2017, junto a decenas de otros crímenes violentos en operaciones de “limpieza” que se llevaron a cabo entre 2016 y 2018.

La reacción de su hija, Sara Duterte, quien también funge como vicepresidenta, ha sido de defensa ferviente. Horas antes de la presentación de cargos, criticó al TPI por lo que considera una sustracción forzosa de su padre, alegando que se le está negando el derecho a un juicio justo en su país. Según ella, todo se manifiesta como parte de una cacería política de la que él es víctima.

La defensa de Duterte también ha sostenido que el expresidente no tiene acceso adecuado a representación legal y que es objeto de maniobras orquestadas por la administración actual para socavar su legado. Esta alegación subraya el clima de tensión política y el enfrentamiento entre el antiguo y el actual gobierno.

Es importante recordar que Filipinas se convirtió en miembro del TPI en noviembre de 2011, pero en 2018 notificó su intención de retirarse, una decisión que fue efectiva en marzo de 2019. Sin embargo, el tribunal mantiene jurisdicción sobre los presuntos crímenes ocurridos durante el tiempo en que el país fue parte del estatuto del TPI, lo que incluye el periodo en que Duterte implementó su polémica política antidrogas.

Las cifras oficiales estiman alrededor de 6.000 muertes atribuibles a estas operaciones, pero diversas organizaciones de derechos humanos alertan que el número real podría ser tan alto como 30.000, reflejando un oscuro capítulo en la historia reciente del país que aún continúa resonando en las conversaciones sobre justicia y derechos humanos globales.