El Gobierno, en su última reunión del Consejo de Ministros, ha dado un paso importante hacia la modernización del sector eléctrico en España. A solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha aprobado un nuevo real decreto que introduce modificaciones significativas en el marco regulatorio de la generación de energía renovable, conocido como Recore, que afecta a más de 62,000 instalaciones en el país.

El objetivo principal de esta modificación es salvaguardar la rentabilidad de estas centrales al ajustar cómo se contabiliza la energía producida y no vendida durante periodos de restricciones operativas. En este contexto, se establece que las instalaciones no verán afectadas sus horas de funcionamiento equivalentes si han vendido energía a precio cero durante más de seis horas consecutivas, asegurando así un equilibrio en medio de un entorno de precios eléctricos a la baja.

Una de las innovaciones más destacadas de este decreto es el aumento en la visibilidad y control sobre el suministro eléctrico, otorgando una mayor capacidad de supervisión al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE). Con ello, se busca facilitar la integración de tecnologías de almacenamiento y fomentar una gestión más sostenible de los residuos generados en el proceso.

El nuevo reglamento extiende las responsabilidades de los centros de control para incluir no solo las instalaciones de generación, sino también las de almacenamiento, que deberán comunicar sus datos en tiempo real a REE. Además, las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte también estarán sujetas a estas nuevas exigencias de telemedición.

Con el fin de potenciar la penetración de las tecnologías de almacenamiento, se han modificado las prioridades en la gestión de la energía. Ahora, las instalaciones de energías renovables, especialmente aquellas que incluyen sistemas de almacenamiento, tendrán prioridad para despachar su producción antes que otras tecnologías, promoviendo así el uso de recursos más sostenibles.

Por otro lado, el Gobierno también ha integrado en este decreto principios de sostenibilidad más estrictos, cumpliendo con la normativa europea y nacional en materia de residuos. Se establece la obligación de certificar que los residuos se han recogido de manera separada, condicionando la posibilidad de acceder al régimen de Recore para aquellas instalaciones que incineran residuos.

La retribución de las plantas de tratamiento de residuos se ajustará de acuerdo con la cantidad de combustible no comprobada mediante recolección separada, y se introduce un limite de emisiones de CO2 de 270 gramos por kilovatio hora para nuevas instalaciones de cogeneración, así como para renovaciones relevantes de las existentes.

Este nuevo decreto también aporta flexibilidad a las plantas de cogeneración, permitiendo que vendan su energía neta en el mercado o en autoconsumo con una periodicidad trimestral, facilitando así una adaptación más ágil a las condiciones del mercado.

Finalmente, ante eventos climáticos extremos, como el caso de la erupción volcánica en La Palma, se han clarificado los procedimientos que deben seguirse si la generación de energía se ve interrumpida por causas de fuerza mayor, así como ajustes técnicos necesarios para mejorar la gestión de liquidaciones del sistema a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).