24h España.

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El Gobierno asegura que informes respaldan la constitucionalidad de la amnistía, a pesar de las dudas de los letrados del Congreso.

El Gobierno asegura que informes respaldan la constitucionalidad de la amnistía, a pesar de las dudas de los letrados del Congreso.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves que el Ejecutivo tiene informes que avalan "perfectamente" que la ley de amnistía al 'procés' es constitucional, tras darse a conocer uno redactado por las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso en el que se duda de su constitucionalidad.

En declaraciones a Antena 3, Montero ha señalado que el Gobierno "tiene informes" para poder tramitar la ley de amnistía realizados por "juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros". Según la vicepresidenta primera, estos informes consideran que "la norma es plenamente constitucional" y no ha precisado quiénes son sus autores, limitándose a decir que son juristas, expertos, catedráticos.

La ministra ha respondido así a un segundo informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía y apunta a una indeterminación en su ámbito de aplicación.

A pesar de esto, la 'número dos' de los socialistas ha defendido que el informe de admisión a trámite dictaminó que la norma es constitucional y ha indicado que la resolución sobre la constitucionalidad de la amnistía corresponde al Tribunal Constitucional cuando sea recurrida por quienes se oponen. "Esperaremos a ese informe definitivo", ha añadido Montero.

En cuanto a las acusaciones del Partido Popular de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ocultó el segundo informe de los letrados hasta que finalizó el plazo para presentar enmiendas a la ley, la vicepresidenta ha dicho que no le consta "para nada". Montero ha expresado que para el Gobierno lo importante es que la ley pueda completar todos los pasos hasta ser aprobada y ha acusado al PP de tratar de deslegitimar "permanentemente" al Congreso.