La economía española se alista para enfrentar la incertidumbre que trae consigo la guerra comercial con Estados Unidos, con un ambicioso plan que movilizará un total de 14.100 millones de euros. Este esfuerzo, que el Consejo de Ministros tiene previsto formalizar a través de un Real Decreto, busca establecer un "paraguas" de protección ante los aranceles recientemente anunciados por el expresidente Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada una serie de medidas estratégicas, bajo el título 'Plan de respuesta y para el relanzamiento comercial'. Este programa pretende no solo mitigar el impacto de las tarifas del 20% y el 25% sobre productos europeos y vehículos importados, respectivamente, sino también fortalecer la economía española ante el creciente proteccionismo global.

De la suma total destinada, una parte significativa —7.400 millones de euros— representará nueva financiación, mientras que 6.700 millones serán canalizados a través de instrumentos existentes. Los objetivos son claros: resguardar a las empresas y los trabajadores afectados, y redirigir la capacidad productiva nacional hacia mercados emergentes, reforzando así la autonomía económica del país.

Una de las acciones clave incluye redirigir 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto se destinará a ayudar a sectores industriales que se enfrenten a la reducción de su actividad debido al impacto de los aranceles, promoviendo la reconversión hacia nuevas áreas con fuerte demanda.

El plan también destina 2.000 millones de euros a seguros de crédito y coberturas de riesgo para facilitar a las empresas la búsqueda de nuevos mercados. Además, se asignarán 500 millones de euros para fomentar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y se implementará un programa específico del ICEX para ayudar a las industrias afectadas en su adaptación al nuevo contexto comercial.

Para garantizar la fluidez del acceso a financiación, se establecerán dos líneas de avales y financiación intermedia del ICO, con un total de 6.000 millones de euros. Esto proporcionará a las empresas los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento diario y su crecimiento futuro.

Asimismo, se lanzará un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros, que facilitará préstamos o participación en el capital para la modernización de infraestructuras. La introducción del Plan Moves III también se anticipa este año, con 400 millones de euros destinados a revitalizar el sector automotriz, mientras que se activarán mecanismos de rescate temporal (los ERTE) para proteger empleos en sectores más vulnerables a las consecuencias de la guerra comercial.

Para coordinar y asegurar la implementación eficaz de estas medidas, se establecerá una 'Comisión Interministerial para la Respuesta y el Relanzamiento Comercial', liderada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El Gobierno español, al mismo tiempo, buscará la colaboración de la Comisión Europea para implementar medidas urgentes a nivel comunitario, que incluirían un marco especial de ayudas de Estado para ofrecer más flexibilidad a los planes nacionales de apoyo y la creación de un fondo específico para los sectores más impactados por los aranceles estadounidenses.

La propuesta incluye también la necesidad de revisar regulaciones comunitarias que ayuden a afrontar los efectos de la guerra comercial, así como acelerar la ratificación del acuerdo con Mercosur. En definitiva, el Gobierno aspira a que Bruselas fomente una integración más efectiva del mercado único, ampliando los lazos comerciales globalmente y desplegando un conjunto de medidas destinadas a garantizar la seguridad económica y la soberanía estratégica de Europa.