El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido conceder la libertad provisional con medidas cautelares al hombre que estaba en prisión provisional acusado de enviar cartas con explosivos caseros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza de Zaragoza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón.

Entre las condiciones que deberá cumplir, se encuentra la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de salir del territorio español, la retirada de su pasaporte y la obligación de facilitar un domicilio y un número de teléfono.

El juez ha decidido dejar al investigado en libertad sin fianza, ya que según la Fiscalía, no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba y cuenta con domicilio conocido, avanzada edad y ausencia de antecedentes penales.

El acusado, un jubilado de 74 años de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, había sido detenido a finales de enero tras enviar hasta seis cartas a diferentes instituciones que contenían explosivos caseros.

En su auto, el juez ha dejado claro que no existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva y que se pueden adoptar medidas cautelares menos graves que la prisión provisional.

La investigación de la Policía permitió localizar al hombre a través de la compra de los sobres y los sellos necesarios para enviar las cartas a las diferentes instituciones. Además, la Policía comprobó que los productos adquiridos por el investigado en Amazon coincidían con los necesarios para confeccionar y enviar las cartas explosivas.

En la entrada y registro en la vivienda del acusado, la Policía encontró objetos relacionados con la ideología de izquierdas, como posters de La Pasionaria o de Lenin.